LIMA.- Perú pidió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que se abstenga de tramitar el pedido de arbitraje de la empresa chilena Lucchetti, hasta que Perú resuelva con Chile si es aplicable al caso un convenio de protección recíproca de inversiones.
El Gobierno peruano formuló el pedido a través de su embajador en Washington, Roberto Dañino, informó la Cancillería en un comunicado la noche del jueves.
Dañino reiteró hoy desde Washington, a una emisora limeña, la posición del Perú de que al CIADI no le compete ver el caso Lucchetti por cuanto la controversia que le motivó a recurrir a esa entidad surgió antes de la firma del convenio de protección de inversiones.
Lucchetti acudió al CIADI esgrimiendo la existencia de ese convenio, luego que la Municipalidad de Lima le ordenara clausurar su fábrica de pastas en la reserva ecológica Los Pantanos de Villa, alegando que sus operaciones amenazan el delicado ecosistema del lugar.
Lucchetti afirma que es objeto de discriminación pues se permite operar a otras dos empresas estadounidenses en el mismo lugar.
Dañino notificó al secretario general adjunto del CIADI que Perú y Chile han iniciado consultas diplomáticas para resolver el diferendo en torno si el convenio es aplicable o no al caso Lucchetti, y que su intervención depende "necesariamente del resultado que se obtuviera respecto de la controversia".
Sin embargo, desde Santiago la canciller Soledad Alvear desestimó el miércoles iniciar negociaciones diplomáticas con Perú en torno al conflicto.
"La posición nuestra ya es conocida: hay un inversionista chileno que ha hecho una presentación al CIADI y es el propio tribunal el que debe resolver", dijo Alvear. Precisó que Lucchetti acudió al CIADI para recuperar parte de los 156 millones de dólares que invirtió en su filial peruana.
La Cancillería peruana dijo en un comunicado que "de registrarse la solicitud de arbitraje solicitada por Lucchetti ante el CIADI, se crearía la posibilidad de que dos tribunales arbitrales, el del CIADI y el previsto en el artículo 9 del Convenio, dicten laudos contradictorios".
La controversia en torno al convenio se puede solucionar, según la Cancillería, por vía diplomática, en negociaciones que podrían durar seis meses, o a través de la intervención de un tribunal ad hoc, como estipula el artículo 9 de dicho tratado.
