SANTIAGO.- El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, informó esta tarde que se concretó la firma del acuerdo entre el Gobierno y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, para dar una solución extrajudicial a los documentos robados a la Corfo que permanecen incautados por la Justicia.
"Quisiera manifestar nuestra conformidad y nuestro agradecimiento también a todos quienes han concurrido por la celebración de este acuerdo, que va a significar en la práctica la inmediata presentación de sendos escritos por parte de los bancos y del Gobierno para alzar la precautoria que pesa sobre los títulos hoy día en poder de los fondos mutuos", sostuvo el secretario de Estado al hacer el anuncio.
La autoridad de Hacienda no entregó detalles del convenio alcanzado por los organismo privados, pero sí sostuvo que "es una muy buena noticia para la gente que tiene su plata en los fondos mutuos", tanto para quienes desean retirarla, como para aquellos que pretenden movilizarla.
Eyzaguirre sostuvo además que este conflicto provocado por el robo de documentos financieros a la Corfo, no puede poner en tela de juicio a la floreciente industria de los Fondos Mutuos, y agregó que dependiendo de lo que decida la Justicia, "los que deben restituir los dineros son las administradoras de fondos mutuos y no la gente que tiene su plata en los fondos mutuos".
Ayer el Gobierno llegó a un principio de acuerdo con el sector bancario en el que se comprometieron a solicitar el levantamiento de la orden precautoria que pesa sobre los documentos para que éstos puedan ser cobrados. Asimismo, los bancos acordaron que si la justicia falla en favor de la Corfo ellos asumirán el pago de los depósitos a plazo.
Documentos siguen incautados
El ministro en visita Patricio Villarroel confirmó que hasta la tarde de hoy aún no había recibido el informe de la Corfo que solicitó ayer con el fin de resolver sobre la solicitud del Banco de Crédito de Inversiones (BCI) de levantar la incautación de documentos financieros robados a la entidad estatal y de liberarlos de la orden de no pago.
De esta forma, los citados depósitos a plazo continúan retenidos por la justicia y sin poder ser cobrados por sus tenedores.
Respecto de la resolución que tomará una vez que reciba el documento de parte del organismo estatal, el magistrado sostuvo que "en principio los asuntos civiles generalmente se rigen por la voluntad de las partes", no obstante reconoció que la decisión la tomará teniendo en cuenta los antecedentes del caso.
