BUENOS AIRES.- Un juez procesó al ex presidente argentino Fernando de la Rúa por presuntas irregularidades en la concesión de una autopista durante su gestión en el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, informaron hoy fuentes judiciales.
La decisión fue adoptada anoche por el magistrado Mariano Bergés, quien dictó un embargo sobre los bienes del ex jefe del Estado (1999-2001) por 3 millones de pesos (1 millón de dólares).
De la Rúa, al igual que dos de sus antiguos colaboradores en el Gobierno porteño y un directivo de la empresa concesionaria de la autovía, fueron acusados del delito de defraudación contra la administración pública pero no se les dictó prisión preventiva.
El ex presidente afronta otra investigación judicial por el "homicidio culposo" de cinco personas presuntamente a manos de la policía durante los disturbios que el 20 de diciembre de 2001 desembocaron en la caída de su gobierno en medio de un estallido social.
De la Rúa fue alcalde de la capital argentina entre 1996 y 1999, periodo en el que se negoció con la empresa Covimet la concesión de la autopista Illia, que une el centro con la zona norte de la ciudad.
La causa se inició hace tres años a partir de la denuncia de un particular que objetó que De la Rúa hubiera decidido por decreto en diciembre de 1998 el reconocimiento de una deuda de 38,8 millones de dólares con la firma concesionaria sin ningún fundamento.
El denunciante también cuestionó la autorización del aumento de la tarifa de peaje de 50 centavos a 1 peso (en aquel entonces igual a dólares), lo que llevó a que la autopista fuera conocida popularmente como "la más cara del mundo".
Recientemente, el actual jefe de Gobierno de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, rescindió el contrato con Covimet para dejar la concesión nuevamente en manos de la administración comunal, que volvió a bajar el costo del peaje a 50 centavos de peso (16 centavos de dólar).
El juez Bergés citó a declarar a De la Rúa en tres oportunidades por esta causa, pero el ex presidente presentó distintos recursos en los que argumentó que las convocatorias eran nulas y pidió que el magistrado sea apartado de la investigación.
Finalmente, el 26 de marzo último presentó un escrito en el que se quejó de la "intencionalidad" del fiscal del caso y argumentó que "los hechos que se investigan no constituyen ningún delito".
