SANTIAGO.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC), Fernando Lihn, insistió en que la posible regulación sobre tarjetas de casas comerciales debe sustentarse en criterios técnicos y no políticos, de lo contrario -a su juicio- podrían producirse errores que afecten a millones de chilenos en su acceso al crédito.
"Creemos que la autoridad no tiene por qué sentirse comprometida políticamente a legislar esta materia para determinar si dos negocios son regulables de una misma manera, y si ello tiene efectos graves en el consumidor, lo cual nada tiene que ver con factores políticos", dijo Lihn.
Por ello, el presidente de la CNC informó que se ha pedido una audiencia urgente con la Subsecretaria de Hacienda, María Eugenia Wagner, para que explique cuáles son esos "compromisos políticos", que al parecer pesan más que la evaluación técnica.
Lihn reiteró que luego de varias reuniones con la autoridad pertinente en las cuales las casas comerciales han prestado la mayor colaboración, tanto la Superintendencia de Bancos como el Banco Central han reconocido que el sistema de crédito de la banca y el comercio no son comparables; que para nada es evidente que las tarjetas de éstas últimas sean abiertas; que tampoco habría un compromiso importante del "medio de pago" pues las grandes tiendas prepagan a sus comercios asociados.
Por último, explicó el directivo que los derechos de los consumidores ya estarían debidamente resguardados, a través de la Ley de Derechos del Consumidor, la normativa sobre tasa máxima convencional y los instrumentos de información al consumidor que permiten dar transparencia al sistema.
"El sistema de tarjetas de casas comerciales se enmarca dentro de la ley vigente y no compromete ni la cadena de pago, ni la seguridad del consumidor. Aún así hemos propuesto una forma de autorregulación bajo la supervisión del Banco Central, por lo cual no entendemos qué tipo de factores políticos pueden estar en juego para obligar a la autoridad a intervenir en la materia".
Lihn advirtió que transformar este debate técnico en un debate político sería un error que, además invalidaría el trabajo especializado de los organismos competentes.
Lo anterior sin considerar que podría traer como consecuencia directa un perjuicio importante a los sectores de menores recursos de nuestro país, quienes ven en las casas comerciales una alternativa real para acceder a bienes importantes para sus familias.
