SANTIAGO.- El ministerio de Relaciones Exteriores de Perú llamó la atención al gobierno chileno, en la persona de la canciller Soledad Alvear, sobre el caso Aero Continente por considerar que existe "un patrón de conducta de las autoridades y agentes comerciales chilenos, perjudicial" a la aerolínea peruana.
Esta preocupación se hizo conocer oficialmente el pasado 18 de octubre en el marco de la visita oficial que realizó el canciller peruano Allan Wagner a Santiago de Chile y fue ratificada por una Ayuda Memoria entregada en Lima el jueves pasado al embajador Juan Pablo Lira Bianchi.
La cancillería peruana solicitó respuestas sobre la acusación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el proceso penal contra Aero Continente; la revocatoria de la autorización técnica para operar en Chile; el cierre de las cuentas bancarias de la empresa peruana; y el inicio de un nuevo proceso penal contra los directivos de Aero Continente por la supuesta presentación de "testigos falsos".
La Ayuda Memoria, señala que en la querella planteada por el CDE se ha evidenciado un "tratamiento judicial y administrativo" plagado de "elementos subjetivos". Por ello llama la atención al Gobierno chileno sobre el nombramiento como interventor de Aero Continente del sobrino de un accionista de LanChile, considerando dicha designación como una "situación irregular". También califica de "impertinente" la declaración de la presidenta del CDE Clara Szczaranski, en la que consideró que abandonar el caso de Aero Continente sería como si "la Esmeralda hubiese tenido que rendirse al Huáscar". Para la cancillería peruana "la mención de una situación histórica sensible para ambos Estados" introduce "elementos extrajurídicos que deberían ser ajenos a casos como éste".
Además, la Ayuda Memoria reclama el cumplimiento de las normas internacionales de respeto a los derechos humanos que considera violadas en el caso de los funcionarios y la empresa Aero Continente. Así, le recuerda a la Canciller Soledad Alvear que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado que toda persona tiene derecho "a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable", lo cual no ha ocurrido con la acusación del CDE. Por el contrario, dice la diplomacia peruana, se ha verificado violaciones como "la falta de asistencia de un abogado, la incomunicación de 72 horas, falta de información de los motivos de detención, detención injustificada de personas por 33 días, afectación del principio de presunción de inocencia y afectación del derecho de propiedad, por las pérdidas económicas causadas".
Al respecto, la Ayuda Memoria hace alusión a un fallo de la CIDH sobre los cuatro militantes chilenos del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru detenidos en Perú sobre quienes la Cancillería chilena se interesó alegando precisamente el respeto a esas normas internacionales.
Además, la nota cursada desde el palacio limeño de Torre Tagle enfatiza que a pesar que los bienes incautados a Aero Continente le fueron devueltos "dicha incautación generó un problema determinante en las dificultades posteriores que impidieron a la empresa continuar operando de manera regular". Lo cual constituye un tácito respaldo al reclamo de daños y perjuicios que la aerolínea peruana ha formulado en contra del Estado chileno.
El documento diplomático peruano también considera que Continente no ha gozado de las mínimas garantías de un proceso válido, tanto cuando se le retiró la autorización técnica para operar en cielos chilenos como cuando se le cerraron las cuentas corrientes en el sistema bancario, lo que determinó el forzado cierre de sus operaciones con negativas consecuencias para los 600 profesionales y técnicos chilenos que trabajaban en la empresa.
En este sentido la cancillería peruana consideró que el retiro de la autorización no siguió un "proceso válido" mientras que calificó al cierre de cuentas como un hecho "arbitrario", términos que en el lenguaje diplomático son considerados muy duros.
Finalmente, la Ayuda Memoria entregada por el canciller Allan Wagner expresa su preocupación por el nuevo juicio y la orden de detención contra Lupe y Fernando Zevallos y la abogada Elizabeth López "por la supuesta presentación de testigos y documentos falsos" ante el Poddicial chileno, cuando es de conocimiento público que los testigos y documentos cuestionados fueron presentados por el CDE y no por Aero Continente.
El documento diplomático concluye notificando a la Cancillería chilena que "el Gobierno del Perú espera que esta situación, que afecta manifiestamente el derecho de defensa de las citadas personas, sea remediada oportunamente por las autoridades chilenas".
De acuerdo a los procedimientos habituales, la cancillería peruana esperará la respuesta de su similar chilena. Si esa respuesta no fuese satisfactoria correspondería la emisión de una Nota de Protesta.
