El Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; junto al subsecretario de la cartera, Tomás Flores y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre.
El MercurioSANTIAGO.- La próxima semana será despachado al Congreso un proyecto de ley que entre otras materias, propondrá aumentar los incentivos tributarios para que las empresas inviertan más en investigación y desarrollo, informó hoy el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.
La iniciativa legal fue calificada como un paso fundamental para alcanzar la meta de duplicar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) hacia el año 2014, como se lo ha planteado el Ejecutivo.
“El crecimiento del PIB de los países está fuertemente asociado a la innovación que permite aumentar la productividad y competitividad. Con este proyecto de ley damos un paso importante para cumplir con nuestro compromiso de mejorar las condiciones productivas para alcanzar el desarrollo hacia el año 2018”, comentó el ministro Fontaine.
Actualmente, Chile tiene niveles muy bajos de inversión en I+D (0,4% del PIB en 2008 vs 2,3% en promedio de los países miembro de la OCDE) y a su vez, una muy baja participación de la empresas privada.
“Del total de la inversión en I+D en Chile, sólo 44% corresponde a inversiones de las empresas privadas y el desafío es llevarla a 65%, similar al promedio de los países miembro de la OCDE”, destacó Fontaine.
El Ministerio de Economía precisó que en lo fundamental la iniciativa triplica el máximo del crédito tributario, de 5.000 UTM (US$390 mil) a 15.000 UTM (US$1,2 millones) y considera la entrega de un crédito tributario equivalente al 30% del gasto total del proyecto sin importar si fue realizado al interior de la empresa o por un proveedor externo.
Un importante avance del nuevo proyecto es que están afectos al beneficio tributario tanto los gastos corrientes como los de capital, se explicó. De esta manera, el gasto en infraestructura también podrá deducirse como gasto dentro del proyecto de I+D, a diferencia de lo que ocurría anteriormente.
El texto contempla que las empresas tendrán derecho a hacer efectivo este beneficio hasta en diez años desde que se genera el gasto.