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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 22:50
SANTIAGO.- En el marco de la reestructuración institucional que se está llevando a cabo en el Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio de Hacienda anunció cambios directivos y algunas medidas administrativas que se harán efectivas a partir de hoy.
En el plano cambios directivos, dejan el cargo quienes encabezaban la subdirección Administrativa, de Fiscalización, Jurídica y de Recursos Humanos. En su lugar, asumirán como subrogantes, Guillermo Henríquez, Marcelino Millón, Pilar Muñoz y Jenny Castillo.
En los dos restantes, Técnica e Informática, permanecen en sus cargos Germán Fibla y Francisco Cristi.
Estos cambios son sin perjuicio de los concursos del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) que, en el caso de las Subdirecciones Jurídica y Técnica siguen con la convocatoria a postular abierta hasta el 9 de mayo y que en el caso de la Subdirección de Recursos Humanos, sus resultados se encuentran en evaluación. Prontamente, se dará comienzo al proceso de selección para las Subdirecciones Administrativa y de Fiscalización.
En cuanto a las medidas administrativas, conforme a lo solicitado por el Ministerio de Hacienda, el Director Nacional, Juan Araya, ha hecho un levantamiento de información y recopilación de antecedentes que obran en diversos procesos que tienen relación con Aduanas, y se ha decidido, sin perjuicio de futuras acciones, adoptar las siguientes medidas:
Con respecto a los posibles errores o fallas de procedimiento en la fiscalización de contenedores provenientes de Bolivia que contenían droga y no fueron detectados por la Aduana de Arica, se ha ordenado el inicio de un sumario administrativo con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades administrativas y además, se ha decidido hacer denuncia formal ante el Ministerio Público a fin de que se investiguen las eventuales responsabilidades penales que pudiesen presentarse.
Respecto a la posible internación irregular de mercancías al país, en el marco de las medidas adoptadas con posterioridad al terremoto del 27 de febrero de 2010, y que fueron consignadas por el Informe N° 104 de la Contraloría General de la República, se ha ordenado el inicio de un sumario administrativo con el objeto de establecer las eventuales responsabilidades administrativas y además, se ha decidido hacer denuncia formal ante el Ministerio Público a fin de que se investiguen las eventuales responsabilidades penales que pudiesen presentarse.
