Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Domingo 02 de febrero del 2025 | Actualizado 10:46
SANTIAGO.- Tres diputados de la Democracia Cristiana se reunieron esta mañana con el Fiscal Nacional, Sabas Chahúan, para presentar una denuncia cuyo objetivo es aclarar las responsabilidades penales y administrativas en el "descalabro financiero de la empresa La Polar".
El fiscal, junto con coincidir con los parlamentarios Gabriel Ascencio, Fuad Chahín y Ricardo Rincón en la "gravedad de este hecho", confirmó que ya se inició una investigación por parte de la Fiscalía Centro Norte. Los diputados, en tanto, pidieron un fiscal con designación exclusiva.
La denuncia podría significar la formalización de altos ejecutivos, por los delitos de infracción a la Ley General de Bancos, a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercados de Valores.
Según explicó el diputado DC Gabriel Ascencio, "todo indica que este descalabro financiero proviene de graves y permanentes irregularidades en el negocio crediticio que desarrollaría la operadora del retail, que obligaría a realizar provisiones adicionales del orden de los 500 millones de dólares".
El diputado Fuad Chahín precisó que "esta situación constituye una llamada de alerta sobre el comportamiento del sistema financiero y del retail en general, aquí existen numerosos e inaceptables abusos hacia los consumidores y este desastre así lo demuestra. Nos preocupan los miles de consumidores y, obviamente, el tema debe ser investigado a fondo".
En tanto, el diputado Ricardo Rincón, señaló que "los hechos ocurridos para llegar a este resultado nos dan cuenta que aquí hay responsabilidades que deben ser asumidas. La investigación debe abarcar tanto a los ejecutivos del anterior directorio de la sociedad, como a los actuales, y también a los administradores involucrados. Hay indicios claros en orden a señalar que probablemente ellos tenían conocimiento de la repactación de las deudas y que a pesar de esto, maquillaron los balances para obtener una mayor ganancia".
El diputado Ascencio explicó que "también en este caso se pueden perseguir responsabilidades en los organismos del Estado encargados de fiscalizar a esta empresa. Primero en la Superintendencia de Valores y Seguros, la que debe fiscalizar los estados financieros de las sociedades anónimas abiertas. En el caso de la Superintendencia de Bancos e Instituciones financieras, a este organismo le corresponde fiscalizar créditos, deudas y provisiones de emisores de tarjetas de crédito no bancarias, tales como las grandes tiendas. En ambos casos existió una falla en la regulación, se debe investigar el por qué no se activaron las alarmas para frenar antes la situación".
Finalmente, indicó que "está, además, la responsabilidad de los clasificadores de riesgo y los auditores externos que asesoran a las AFP en el momento en que estas invierten los dineros de los cotizantes. Al analizar los estados financieros de La Polar, para analizar su solvencia, debieron haber dado cuenta de las irregularidades. Estas auditorías no deben hacerse solamente con la información que entrega la empresa, como creemos que sucedió aquí, sino que con toda la información disponible en los organismos fiscalizadores".
