Piden a la Contraloría invalidar la aprobación del proyecto minero en Isla Riesco

SANTIAGO.- El senador del Partido Socialista (PS) , Pedro Muñoz y la coordinadora de Alerta Isla Riesco, Ana Stipicic, se entrevistaron con el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, a quien solicitaron analizar la legalidad de los actos administrativos que concluyeron en la aprobación del proyecto Mina Invierno en Isla Riesco, ligado a los grupos Angelini y Von Appen.

A juicio del parlamentario y organizaciones ambientalistas, el procedimiento aprobatorio y especialmente los pronunciamientos de la Comisión de Evaluación Ambiental y del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se encuentran "viciados" como consecuencia del apoyo explícito y formal que el Ejecutivo otorgó a la iniciativa en el denominado Plan Magallanes.

El legislador por la zona entregó a la entidad fiscalizadora un completo dossier con documentos oficiales y publicaciones de prensa que recogen la historia de la propuesta gubernamental de desarrollo para la Región de Magallanes. En los escritos se confirma que en la elaboración del Plan Magallanes sólo intervino el Ejecutivo regional, de acuerdo a un formato y siguiendo una propuesta presidencial.
 
"Ello significa que las ideas y acciones contenidas en el Plan Magallanes fueron elaboradas y conocidas por los ministerios respectivos y sus Secretarías Regionales Ministeriales", dijo Muñoz.

Antecedentes

El 5 de Noviembre de 2010, el Presidente de la República, Sebastián Piñera anunciaba oficialmente el Plan Magallanes. "Para ese entonces, una nueva versión del texto no admitía dudas, consignando entre los objetivos de la actual administración en la zona Incentivar el desarrollo de Proyectos Carboníferos Isla Riesco", planteó el senador.
 
A juicio del parlamentario, lo ocurrido constituye una ilegalidad. "Como lo señala la Constitución y diversas leyes que regulan la actuación de la administración pública, ella debe ejercer sus funciones bajo el principio de probidad, una de cuyas derivaciones es que las autoridades deben ser imparciales en la toma de decisiones, vale decir actuar desprovistas de cualquier prejuicio".
 
Agregó que "ello contrasta con la disposición abiertamente favorable al proyecto Mina Invierno, pues el Gobierno compromete sus esfuerzos para facilitar la aprobación ambiental e incentivar el proyecto. Más aún, entregando esa responsabilidad a los mismos servicios públicos cuyos representantes debían pronunciarse posteriormente sobre el asunto, tanto en la Comisión Evaluadora como en el Consejo de Ministros".
 
En consecuencia, el senador por Magallanes y el grupo ecologista solicitaron a la Contraloría General de la República que analice la legalidad de la evaluación ambiental de Mina Invierno y los actos administrativos que la componen, especialmente las decisiones de la Comisión de Evaluación Ambiental el 15 de febrero pasado y la del Comité de Ministros para la sustentabilidad, el pasado viernes 12 de agosto.