MADRID.- El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero negó hoy que otros países o instituciones de la Unión Europea (UE) hayan obligado a España a realizar la modificación de la Constitución para incluir en ella el límite del déficit público que el jefe del Ejecutivo ha acordado con el opositor Partido Popular (PP).
"Es una decisión autónoma del gobierno español, nadie nos ha obligado", aseguró la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Elena Salgado, en una entrevista con la Cadena Ser.
En la estela de lo defendido por Francia y Alemania, Zapatero propuso el martes, en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, una reforma rápida de la Constitución para establecer en ella la estabilidad presupuestaria y un límite de emisión de deuda pública.
El PP de Rajoy está de acuerdo y conservadores y socialistas trabajan ya para que esa reforma se apruebe antes del 27 de septiembre, fecha en la que el Parlamento español se disolverá de cara a las elecciones generales adelantadas por Zapatero en cuatro meses al 20 de noviembre.
Según explicó hoy Salgado, el límite de déficit público que fijará la Constitución será cero "en una situación de crecimiento normal, entre el dos y el tres por ciento", mientras que se permitirá el desequilibrio en años con un crecimiento por debajo de esas cifras. La aplicación de ese límite no llegará, no obstante, hasta 2018 o 2020, una vez equilibradas las cuentas públicas, dijo.
España debe estar "en la vanguardia de esta medida presupuestaria", aseguró Salgado sobre el techo de endeudamiento en la Constitución. "Alemania ya lo introdujo hace dos años, Francia lo va a hacer ahora, Italia también", dijo.
La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió hoy a pedir a Zapatero que aclare si el Banco Central Europeo (BCE) le envió una carta pidiéndole adoptar esa medida. "Los ciudadanos tienen derecho a saber si la carta ha existido", dijo en declaraciones a la radio Onda Cero.
Saénz de Santamaría recordó que los socialistas se oponían a limitar el déficit público por la vía constitucional y ahora defienden la medida.
Entretanto han ido surgiendo voces que reclaman un referéndum para decidir sobre ella, entre éstas las del partido Izquierda Unida (IU) pero también las de muchos ciudadanos: 30 mil han puesto ya su firma en una petición por Internet a los diputados, impulsada por el catedrático de Ciencias Políticas Vicen Navarro.
Para que se celebrase esa consulta popular, tendría que solicitarlo el 10% de los diputados o de los senadores.
También entre los propios socialistas han surgido voces divergentes. El ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell se mostró hoy contrario a la reforma y pidió un referéndum.
"Espero que al final el resultado del voto en el Parlamento, si se llega a producir, conduzca a la necesidad de un referéndum y que los que no tenemos voto en el Parlamento también podamos votar", dijo.