Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 12:28
DUBLÍN.- El Gobierno irlandés anunció esta semana que cerrará tres de sus representaciones diplomáticas en el exterior, entre ellas su embajada en la Santa Sede, dentro del plan para ahorrar costes en plena crisis económica.
Además, el Ejecutivo de Irlanda va a clausurar la representación diplomática que tiene en Timor Oriental y su embajada en Irán.
El ministro irlandés de Exteriores, Eamon Gilmore, informó de que el cierre de esas tres misiones diplomáticas se debe al plan de recorte de gastos en marcha en el país para reducir el déficit público.
Gilmore lamentó especialmente el cierre de la embajada en la Santa Sede, una de las más antiguas que tiene Irlanda, un país con mayoría de población católica que estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano en la década de los 20 del siglo pasado.
El ministro explicó que esa misión diplomática, al igual que las otras dos que serán cerradas el próximo año, no reporta ingresos a Irlanda y que los intereses del país ante el Vaticano se pueden canalizar a través de un embajador no residente.
La cadena de televisión irlandesa RTE indicó que el personal que actualmente trabaja en la embajada de Roma será transferido a Villa Spada, que ahora funciona como representación diplomática de Irlanda ante la Santa Sede.
Villa Spada es una de las propiedades más valiosas del Estado irlandés, que no tiene intención de venderla, según la RTE.
El Ejecutivo de Dublín tiene actualmente en marcha severas medidas de ajuste a causa del rescate financiero acordado hace un año por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuantificado en 85.000 millones de euros.
El Gobierno presentará el próximo diciembre los Presupuestos Generales del Estado para 2012, que contemplan medidas de ajuste encaminadas a ahorrar 3.600 millones de euros durante ese año para reducir su déficit público hasta el 8,6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
La "hoja de ruta" irlandesa prevé que 1.500 millones de euros vayan a parar a las arcas del Estado a través de impuestos adicionales, mientras los 2.100 millones restantes se obtendrán de una severa reducción del gasto público, pese a que el Gobierno ha prometido no modificar el régimen fiscal ni los subsidios sociales.
