SANTIAGO.- Los empresarios y representantes del comercio manifestaron que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) debe ser más prudente en la investigación de la supuesta colusión de precios de los supermercados.
Así lo manifestó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Lorenzo Constans, quien dijo que se debe mantener la prudencia, debido a que aún no se puede comprobar el delito de colusión en los supermercados, y se puede perjudicar la imagen de éstos con las acusaciones, pero señaló que es necesario que estas denuncias sean investigadas.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Jorquera, acusó de campaña publicitaria a la forma que fue incautada la documentación de los supermercados acusados.
"Las empresas están colaborando con las autoridades porque dicen no tener nada que ocultar. Pero el procedimiento de todo esto nos sigue extrañando... Hemos advertido una rigurosidad que coincice con una mala campaña publicitaria de parte de la autoridad", dijo Jorquiera.
"Estamos analizando todo esto para ver si es proporcional lo que se ha hecho a lo que se está investigando... Vemos que se hace una incautación y aparece mucha prensa... Da la impresión que todo se coordinó con antelación... Creo que este tipo de acciones debieran hacerse en forma más privada y con menos escándalo de la prensa", acotó Jorquiera.
Desde La Moneda, el presidente Piñera, no quiso referirse al tema, mientras que el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, declaró que no existen mayores antecedentes de este caso, señalando que la denuncia ya fue materializada ante la Fiscalía Nacional Económica, e indicando que los posteriores requerimientos de la institucionalidad, demuestran que se está trabajando bien y que se está protegiendo a los consumidores.
Además señaló que, tras el escándalo producido por el caso La Polar, se puede ver una señal de cambio importante en el sentido de investigar y actuar con celeridad, lo que es una satisfacción para el Gobierno porque permite garantizar los derechos de los consumidores y protegerlos de este tipo de problemas.