El ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno.
Harold Castillo, El Mercurio
SANTIAGO.- Más de 14 horas duró la audiencia de este jueves en la que se discute la medida cautelar de prisión preventiva solicitada para tres de los cinco ex ejecutivos formalizados por lavado de dinero en el denominado caso La Polar.
Al concluir las alegaciones, la jueza María Verónica Orozco informó que comunicará su decisión a las 00:00 horas.
Durante la parte final de la audiencia, la magistrada instó varias veces a los abogados a que no se extendieran demasiado en sus alegatos. En horas de la tarde ya se había comunicado que la determinación sobre los ex ejecutivos Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno se conocería impostergablemente durante esta jornada.
La Fiscalía Centro Norte les imputa infracciones a la Ley de Bancos y a la Ley de Mercado de Valores, vinculadas a las miles de repactaciones unilaterales aplicadas por la compañía a sus clientes.
La exposición de las réplicas y dúplicas por el Ministerio Público, los querellantes y las defensas concluyó cerca de las 23:15 horas. Su desarrollo se caracterizó por acusaciones cruzadas entre los propios imputados.
Los representantes de Alcalde, ex presidente de La Polar, y Farah, ex gerenta de Administración, aseguraron que los ejecutivos nunca tuvieron conocimiento de estas irregularidades y que todo el "engaño" fue urdido por Moreno, quien estaba a cargo de la gerencia de Productos Financieros.
El abogado de éste último, Miguel Chaves, descartó las afirmaciones y aseguró que todos tenían un detallado conocimiento de estas prácticas desde el 2008 en adelante. También calificó como "burdo" que afirmen que nunca tuvieron idea de lo que estaba ocurriendo al interior de la empresa.
La jueza Orozco está ahora en condiciones de resolver si acoge la petición de los fiscales de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, José Morales y Luis Inostroza, de dejar a estos tres imputados en prisión por "peligro para la seguridad de la sociedad".
La magistrada puede sustituir esta medida cautelar por otra menos gravosa, que puede ir desde el arresto de los ex ejecutivos en sus domicilios hasta la obligación de firmar ante el Ministerio Público.
