SANTIAGO.- Luego que la Corte de Apelaciones decretara una medida cautelar en contra de la sociedad administradora de la tarjeta de crédito de La Polar, ordenando la prohibición de celebrar actos y contratos sobre créditos pactados, la administración de la misma solicitó aclarar el fallo de la Justicia.
De esta forma, el retailer pretende que la medida impuesta por la Corte sea acotada a sólo mil clientes y no al millón de usuarios afectados por repactaciones unilaterales durante la administración de Pablo Alcalde.
El abogado de los clientes de La Polar, Tomás Fabres señaló que en la demanda y en el juicio se entiende que la medida afecta a "todos los consumidores, se hayan hecho mediante un escrito o no".
"Es obvio que La Polar pretende, de esta manera, sustraerse a los efectos naturales de esta medida precautoria, que como todos sabemos, la han obligado a aprovisionar $17 mil millones adicionales y estimar un menor flujo de caja para los próximo 6 meses del orden de los $14 mil millones, lo que haría inviable el convenio judicial preventivo", agregó el jurista.
De ejecutarse el fallo impuesto por la Justicia, la situación financiera de la compañía podría verse afectada de tal forma, que incluso, podría detonar en la quiebra de la firma.