Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Jueves 30 de enero del 2025 | Actualizado 02:06
Báñez (a la derecha), anunció las medidas junto a la ministra de la Presidencia, Soraya Saénz de Santamaría.
EFE
MADRID.- La ministra española de Empleo, Fátima Báñez, aseguró este domingo que la reforma laboral aprobada el pasado viernes por el Gobierno introduce "mayor transparencia y seguridad jurídica" en las relaciones laborales y que los derechos del trabajador permanecen "intactos".
Báñez defendió, en una entrevista con el diario ABC, que los cambios en las indemnizaciones por despido procedente e improcedente -que con la reforma se abaratan y facilitan- acercan España a Europa y que lo que se ha querido es evitar conflictos judiciales al objetivar y clarificar más las causas de despido procedente.
"Es una reforma en línea con Europa, que introduce transparencia y seguridad jurídica en las relaciones laborales en nuestro país", afirmó.
Entre las novedades de la reforma está que la indemnización por despido improcedente se reduce para los contratos indefinidos de 45 a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42 como hasta ahora.
En cuanto al despido objetivo -que permite a las empresas echar a empleados por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción- se mantiene la indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, pero se dan facilidades a la empresa para poder acogerse a él.
Para Báñez, los cambios "permiten a las empresas tener más flexibilidad para adaptar las condiciones de trabajo en tiempos de crisis y evitar así despidos", a la vez que se sientan las bases para que se pueda crear empleo estable cuanto antes. "Lo que hace la reforma es permitir a las empresas que puedan ajustarse a las situaciones económicas adversas con mayor flexibilidad y que el despido sea el último recurso", señaló.
La reforma laboral adoptada por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy -que busca revertir el imparable desempleo que ya alcanza al 23 por ciento de la población activa, unos 5,4 millones de personas- ha sido criticada desde la oposición de izquierda y los sindicatos, cuyos dos principales agrupaciones anunciaron una manifestación contra la reforma para el 19 de febrero.
Báñez también reiteró en la entrevista que la prestación por desempleo es un derecho de los trabajadores que el Gobierno "no va a tocar" y que se luchará para evitar el fraude con un nuevo plan que intensificará los controles y los cruces de información entre administraciones.
