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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 20:04
MADRID.- El Gobierno español aprobó hoy un decreto ley para evitar los desahucios de familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas debido a la crisis y para permitir, en ciertos casos, el traspaso en pago, es decir, que la entrega de la vivienda al banco suponga el final de la deuda.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que la norma aprobada establece varias condiciones para evitar el desahucio por impago.
Entre éstas, la vivienda afectada debe ser la habitual y la única de la familia, y no una segunda residencia; además, todos los miembros deben estar desempleados y carecer de ingresos; y las cuotas hipotecarias deberán exceder el 60% del conjunto de sus ingresos.
La vivienda objeto del embargo no podrá costar más de 200.000 euros (US$ 263.000) en las ciudades de más de un millón de habitantes, ni más de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000.
La medida adoptada busca "paliar la situación dramática de más de 1,5 millones de familias que tienen a todos sus miembros desempleados" y que, al carecer de ingresos, no pueden pagar el crédito de su vivienda y se ven abocados a ejecuciones hipotecarias, dijo la vicepresidenta.
Sáenz de Santamaría cifró en unas 300.000 las ejecuciones hipotecarias que se han registrado en España desde que comenzó la crisis.
Además de a familias españolas, muchos de estos casos afectan a inmigrantes latinoamericanos y de otros orígenes.
El decreto-ley incorpora, además, un Código de buenas prácticas voluntario para las entidades bancarias, pero que una vez que lo suscriban ya será de obligatorio cumplimiento.
Con él, se busca reestructurar la deuda para evitar llegar al desahucio.
Sáenz de Santamaría explicó que, como primer paso, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca, el banco establecería un periodo de carencia de hasta 4 años del pago del capital.
La vida de la hipoteca se alargaría hasta los 40 años, con el consiguiente descenso de las cuotas mensuales, y se limitarían los intereses moratorios, que no podrán exceder un 2,5 % a los intereses que se pactaron al comprar la vivienda.
