SANTIAGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables (Acera), José Ignacio Escobar, consideró que la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que invalidó el proceso de evaluación ambiental de la termoeléctrica Central Castilla genera un nivel de incertidumbre importante para los inversionistas y un precedente "riesgoso".
"Esta decisión tiene dos miradas; la primera, desde el punto de vista de los inversionistas, me parece riesgosa. El precedente que generan casos como el de Castilla, Campiche o el mismo caso Barrancones, genera un nivel de incertidumbre importante al inversionista, justamente en un sector que requiere de mucha inversión de forma urgente para poder salir de la crisis energética y tener precios más competitivos", expresó Escobar.
En el marco de un seminario organizado por Acera y la Universidad Finis Terrae sobre `Proyectos ERNC y Mercados de Carbono´, el ejecutivo agregó que, decisiones como el fallo que paraliza el proyecto Castilla, "genera incertidumbres que hacen que los inversionistas busquen otros mercados que aporten más certeza".
Sin embargo, Escobar aseguró que el fundamento por el cual se desestimó la aprobación de la termoeléctrica Castilla, en particular, el cambio de calificación de su actividad de `contaminante´ a `molesta´, "era el flanco evidente por el cual se iba a atacar el proyecto".
Por lo anterior, según Escobar, es "urgente" revisar la legislación propia de evaluación de los proyectos. "No se pueden hacer cambios tan a última hora respecto a una calificación de una autoridad y para nosotros era evidente que el proyecto tenía este tipo de problemas", afirmó.
Agregó que "todos los grandes proyectos eléctricos están teniendo este tipo de problemas, motivados principalmente por la presión social y política, por tanto, las ERNC son una válvula de escape a todas estas presiones".
Consultado por un eventual incumplimiento de la normativa relacionada con la evaluación medio ambiental del proyecto por parte de la empresa, Escobar expresó que "hay que confiar en que el desarrollador, en este caso una empresa del tamaño de MPX está haciendo todo ajustando a la ley; No tengo la información para decírtelo a ciencia cierta, pero yo creo que sí".
Insistió en la necesidad de "ver si la ley que tenemos es la adecuada para someter este tipo de proyectos de esta envergadura y la necesidad de contar con una fiscalización que vaya acorde con el ordenamiento territorial, la planificación de largo plazo que contemple las voluntades sociales. Ahí es donde se cae el tema".
Para Escobar, la participación del Ministerio de Medio Ambiente es necesaria y concretó que "tiene que poner en revisión toda la evaluación ambiental de los proyectos y así, ver si podemos de una vez por todas tener una política energética clara que fomente las inversiones y las tecnologías adecuadas".