PARÍS.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM) presentaron hoy un paquete de acciones para que la política económica favorezca un mayor reparto social de los frutos del crecimiento.
"El reto para los gobiernos" en un momento en que emergen movimientos como los indignados o Occupy Wall Street es "redoblar los esfuerzos para que el crecimiento económico induzca cambios positivos en los niveles de la vida y en el bienestar de todas las categorías sociales", declaró el economista jefe de la OCDE, Pier Carlo Padoan.
Con motivo de la presentación de un informe común con el BM sobre la promoción de un "crecimiento incluyente" en la última jornada de la reunión ministerial de la OCDE en París, Padoan recordó que no necesariamente una fuerte progresión de la actividad económica beneficia con el mismo grado a todas las categorías sociales.
Para conseguir que así sea, las dos organizaciones proponen en primer lugar utilizar la política de innovación, pero no privilegiando algunos sectores como los de las altas tecnologías, sino "un amplio abanico de actividades susceptibles de crear empleos tanto para los trabajadores altamente calificados, como para los poco calificados".
En una línea paralela, consideran que los mecanismos de crecimiento y desarrollo (I+D) y en favor de una economía "verde" deben favorecer la adquisición de competencias en educación, fomentar el empleo y la lucha contra a pobreza.
Igualmente se pronuncian porque la política de desarrollo regional garantice que los efectos benéficos del crecimiento redunden en todos los territorios dentro de cada país, a lo que pueden ayudar unas infraestructuras mejores y el gasto social.
En el centro de esta última cuestión está, para la OCDE y el BM, "el reparto justo" de la recaudación presupuestaria, y muy en particular de los ingresos obtenidos de la explotación de recursos naturales entre todos los niveles jurisdiccionales.
El vicepresidente del BM Otaviano Canuto puso el acento en que otro asunto "clave" es la creación por parte de las autoridades públicas de "un entorno en el que haya menos obstáculos a la oferta de servicios financieros y un acceso más amplio a esos servicios para todos los segmentos de la población".
