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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:50
BUENOS AIRES.- Los funcionarios argentinos deberán recurrir desde ahora al combustible de la petrolera YPF, expropiada al grupo español Repsol, y a los pasajes de la estatal Aerolíneas Argentinas, entre otras medidas, como parte de un nuevo plan para regular las compras y contrataciones públicas.
En momentos en que el país muestra signos de desaceleración del crecimiento económico, la presidenta argentina, Cristina Fernández, puso en marcha hoy el plan que busca racionalizar gastos e incentivar las compras a proveedores estatales.
A través de una serie de decretos, publicados este jueves en el Boletín Oficial, El Gobierno estableció que las dependencias estatales "eberán contratar con YPF Sociedad Anónima la provisión de combustible y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales".
El Estado argentino tomó el control de YPF en mayo pasado después de que el Parlamento aprobara una ley para expropiar el 51% de las acciones de la petrolera a Repsol, que mantiene una participación del 12% en la mayor empresa del país.
"Las políticas que se implementen en materia de contrataciones administrativas deben contribuir a mejorar la eficacia, la eficiencia en el uso de los recursos y la economía en el cumplimiento de los objetivos" del sector público, sostiene la resolución que regula la adquisición de combustibles.
El decreto establece que los acuerdos vigentes para la provisión de combustible y lubricantes con otros proveedores distintos a YPF "deberán respetarse hasta la finalización del período originario del contrato".
Otro de los decretos presidenciales del Programa de Ordenamiento de Compras Públicas y del Estado determina que todos los funcionarios y empleados gubernamentales "deberán contratar con Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas los pasajes que requieran para el traslado por vía aérea tanto dentro como fuera del país".
Aerolíneas Argentinas, expropiada al grupo español Marsans y nacionalizada en 2008, durante el primer Gobierno de Fernández, se mantiene bajo control estatal.
La medida "colabora con el objetivo de atender las necesidades financieras de las empresas citadas, reducir las asistencias financieras que efectúa el Estado nacional y a la vez obtener una contraprestación directa e inmediata", sostiene la resolución.
El Gobierno ha realizado millonarios aportes a la compañía, que en los últimos dos años mantuvo pérdidas medias de unos US$ 10 millones mensuales, según estimaciones oficiales.
En caso de que Aerolíneas o Austral no presten los servicios o las conexiones que se necesiten, deberá priorizarse la contratación de Líneas Aéreas del Estado (LADE), una compañía de la Fuerza Aérea Argentina de acotado alcance.
Si esta empresa tampoco está disponible para el destino requerido, se podrá solicitar autorización para hacerlo a través de otra aerolínea.
En el marco del nuevo plan, además, los empleados públicos y proveedores del Gobierno cobrarán a través de cuentas del estatal Banco Nación, mientras que los automóviles oficiales serán incorporados mediante un sistema de renta de la entidad financiera, en vez de ser adquiridos en forma permanente.
El Gobierno de Fernández también centralizará la contratación del servicio público de telefonía celular, radio y transferencia de datos a través de una licitación general para la administración pública.
"La gestión del proceso de contratación permitirá obtener mejores condiciones que las que obtendría cada organismo si realizara la contratación en forma individual", indicó el Gobierno a través resoluciones al fundamentar las medidas.
El nuevo plan se pone en marcha en un momento en que el Gobierno argentino desarrolla una política de restricción de las importaciones y "desdolarización" de la economía, mientras se reduce el volumen de las exportaciones y el índice de actividad industrial, en un contexto de crisis global que empieza a golpear a la región.
