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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 12:58
La audiencia de conciliación en la Tercera Sala de la Corte Suprema, hoy, en donde no hubo acuerdo para continuar con la construcción de la Central Castilla.
Manuel Herrera, El Mercurio.SANTIAGO.- La segunda audiencia de conciliación terminó sin acuerdo entre las partes, en el marco del litigio que se lleva a cabo en la Tercera Sala de la Corte Suprema por la construcción de la central termoeléctrica a carbón y el puerto de Castilla, en la región de Atacama.
Debido a esta situación, será el máximo tribunal de justicia de Chile el que deberá resolver el futuro de la planta generadora de energía a carbón.
El pasado 12 de junio, la firma propietaria del proyecto, CGX Castilla Generación (MPX) y OMX Operaciones Marítimas Ltda, ofrecieron un conjunto de medidas adicionales tendientes a mitigar y compensar los perjuicios ocasionados por la actividad de la central termoeléctrica Castilla (2.700 MW), las cuales ascendían a un valor aproximado de US$ 17,4 millones.
De esta forma, la empresa destinaría un total de US$ 575 millones en medidas de mitigación y compensación de la Resolución de Calificación Ambiental y de la propuesta de conciliación.
De la cifra anterior, un total de US$ 509 millones estarían destinadas a medidas de mitigación y poco más de US$ 66 millones a compensaciones.
El abogado Pedro Pablo Gutiérrez, representante de MPX, de propiedad del multimillonario empresario brasileño, Eike Baptista, señaló que seguirán buscando un acuerdo extrajudicial a la espera de la sentencia que deberá emitir la Corte Suprema.
Gutiérrez aclaró: "No descarto para nada seguir conversando y seguir poniéndose en el caso de que los proyectos se terminen haciendo, porque están los fallos pendientes. Nadie sabe cómo va a resolver la Corte, pero nosotros tenemos la esperanza que vamos a ganar".
Posición de los opositores
"Habrá sentencia y nos parece bueno que haya sentencia", dijo a periodistas el abogado Lorenzo Soto, representante del sindicato de Caleta Chasco. Sin embargo, asegura que la posibilidad de llegar a un acuerdo siempre está abierta y las partes pueden presentar una transacción si así lo consideran oportuno.
"Nuestra contrapropuesta va dirigida a exigir el mayor estándar ambiental para el proyecto para garantizar que no haya ningún perjuicio o molestia para mis representados y en caso de que lo haya, la empresa responda y pague", precisó Soto.
Posición distinta tiene el abogado representante de la junta de vecinos de la localidad de Totoral, Álvaro Toro, quien aseveró que "nosotros nos oponemos a todo el proyecto, ya que no existe compensación alguna capaz de cumplir con lo que quieren los habitantes de Totoral, puesto que los derechos no se compran".
