Un camión en el Salar de Atacama, desde donde se extrae la mayor parte del litio del país.
EfeSANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este viernes nombrar al ministro Jorge Dahm para que tramite la demanda de nulidad de derecho público interpuesta en julio por un grupo de senadores de oposición en contra de la licitación del primer contrato especial de operación del litio (CEOL) que está llevando a cabo el Gobierno de Chile.
El ministro Dahm ya admitió a trámite el libelo, pero rechazó decretar una medida precautoria en contra del Ministerio de Minería para suspender el concurso público, cuya apertura de ofertas económicas está prevista para el próximo lunes 24 de septiembre.
Al concurso se presentaron 3 interesados: el consorcio coreano-japonés Posco Consortium -integrado por Posco Ltd, Mitsui & Co Ltd, Daewoo International Corp y Minera Li Energy Spa- y las chilenas Sociedad Legal Minera NX UNO de Peine (de propiedad mayoritaria del Grupo Errázuriz) y Sociedad Química y Minera de Chile (SQM).
El 6 de agosto pasado, la magistrada del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Jenny Book, se declaró incompetente para instruir la causa.
La jueza Book señaló que por tratarse de una acción legal por senadores de la República, entre ellos Ximena Rincón (DC), Isabel Allende (PS) y José Antonio Gómez (PRSD), no estaba facultada legalmente para tramitar la causa y que el proceso debía ser llevado por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.
En concreto, los parlamentarios están solicitando que se anule el Decreto Supremo 16 de 2012, que permite la licitación de la explotación del litio y que aprueba las bases para esta actividad minera.
La acción legal es patrocinada por el abogado constitucionalista Patricio Zapata (DC), quien anunció hoy que apeló nuevamente a la Corte tras el rechazo de la medida precautoria por parte del ministro Dahm.
Zapata puntualizó que "esta acción no es meramente comunicacional, es un recurso serio y por eso estamos agotando todas las instancias y por eso confiamos en el que la Corte va a dar la apelación y vamos a discutir el fondo.
La concesión no se puede hacer porque la Constitución lo prohíbe. Lo que se está haciendo es una licitación para unos contratos especiales que violan la ley; entonces el fondo es que las cosas se hagan de acuerdo a la ley y nosotros esperamos que los tribunales de justicia, como lo han hecho en otras materias, velen porque se cumpla la ley".
La apelación a la medida precautoria será vista la próxima semana por una de las salas del tribunal de alzada.