Presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte.
El Mercurio (Archivo).SANTIAGO.- El presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, admitió que se cometieron algunos errores a nivel comunicacional en relación con el desarrollo del proyecto HidroAysén, pero aseguró que nunca se consideró la trascendencia que finalmente adquiriría la iniciativa energética a nivel "mundial".
"Colbún se incorporó a HidroAysén en el año 2006 y era una prioridad socializar el proyecto a nivel regional (en Aysén), pero ignoramos completamente la audiencia nacional", dijo el directivo en el marco de un seminario organizado por Valor Futuro y la Escuela de Administración de la Universidad Católica.
No obstante, Larraín Matte se excusó afirmando que "fue un error que cualquiera habría cometido, porque pensar que HidroAysén se convertiría en un tema mundial era algo difícil de anticipar".
"En la región (de Aysén) siempre hemos tenido un nivel de apoyo razonable y a nivel nacional también tuvimos mucho tiempo un apoyo del 50%, pero de pronto eso cambió totalmente", expresó.
Una sociedad cada vez más empoderada y preocupada por las consecuencias ambientales del desarrollo de proyectos, unido a una gestión "muy eficaz" por parte de las ONG, supuso que HidroAysén terminara convirtiéndose en un tema "casi de política nacional, donde todo el mundo opina".
Respecto de los pasos que la empresa pudiera dar para revertir este clima adverso al proyecto, el directivo destacó el hecho de que Colbún, al ser parte interesada, "cuenta con un cierto límite para convencer al país de la conveniencia del mismo".
Para Larraín Matte, un proyecto de esta magnitud se asemeja al desarrollo de una central nuclear, "tanto por las cantidades de inversión, como por el tiempo de desarrollo"; proyectos que, a su juicio, requieren de un "piso político" y una definición clara de la política energética a nivel nacional.
Fueron precisamente estas razones las que llevaron a Colbún a proponer el pasado 30 de mayo a su socia Endesa Chile paralizar el Estudio de Impacto Ambiental de la línea de transmisión Cochrane-Santiago, que permitiría inyectar al Sistema Interconectado Central (SIC) los 2.750 MW generados por las centrales de HidroAysén.
"Mientras no exista una política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere, Colbún estima que no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos de esta magnitud y complejidad", aseveró la compañía en el comunicado que dio cuenta de la decisión planteada a Endesa.
En este sentido, Larraín Matte afirmó que la presentación por parte del Gobierno del proyecto de ley que crea una "carretera eléctrica", así como otras iniciativas legislativas tendientes a mejorar, principalmente, el sistema de concesiones y servidumbres, son "pequeños" pasos que alejan al Ejecutivo de la neutralidad que hasta ahora ha existido en el sector.
"El desarrollo del potencial hidroeléctrico del sur de Chile es algo que requiere piso político (...). Tiene que haber una formulación de una política energética y el momento propicio para hacerlo es con ocasión de la carretera eléctrica; es un pequeño paso que se distancia de la neutralidad", apuntó.
En su opinión, "de este modo se genera un espacio que yo encuentro muy virtuoso: en esa instancia se determinan cuáles son los polos de explotación a desarrollar y si HidroAysén no es parte de ellos, mejor que se sepa pronto, en vez de estar eternamente suponiendo que se va a hacer, pero nunca se hace; eso es lo peor para un inversionista, es una incertidumbre permanente".
En el encuentro también se debatió respecto de la construcción de una institucionalidad eficiente y legítima que cuente con la capacidad y la competencia como para dar respuesta a las demandas del país con respecto a los diferentes proyectos, muchos de los cuales -principalmente energéticos- terminan dilucidándose en los tribunales.
"La institucionalidad se ha visto superada", dijo Larraín, y agregó que ello se ha visto reflejado en demoras en la tramitación y excesivos recursos judiciales y administrativos en relación con los diferentes proyectos.
"La ciudadanía dejó de suponer que la institucionalidad ambiental estaba resolviendo bien los intereses generales del país y los particulares". Es más, agregó que la ciudadanía comenzó a exigir una mayor participación y "las ONGs han satisfecho eficazmente esa demanda de participación".
Para el directivo, esta situación podría reencauzarse con una colaboración tanto estatal como ciudadana y privada de modo que se logre "un equilibrio sostenible", así como "un proceso y un resultado que goce de legitimidad, lo que implica que las empresas informen tempranamente; se legitimen las instituciones y la ciudadanía participe responsablemente".
El proyecto HidroAysén consiste en la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua.
La inversión estimada en las centrales es de US$ 3.200 millones, aunque podría elevarse hasta los US$ 4.500 millones si se actualizan los costos de construcción.
A esa cifra se deben sumar otros US$ 5.000 millones en una línea de transmisión en corriente continua de 1.920 km. (incluidos 160 km submarinos), entre Cochrane y Santiago.
Su construcción comprendería un período total de 12 años, en el cual se superpondría la construcción de una o más centrales.
En marzo de 2012, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó los siete recursos de protección interpuestos en contra de la resolución de calificación ambiental que autorizó la construcción de las 5 centrales en los ríos Baker y Pascua, de modo que se dio “luz verde” en lo que respecta a las unidades de generación.
Pero el proyecto se encuentra en “stand by” hasta el momento en que se inicie la tramitación ambiental de la línea de transmisión.