LONDRES.- El Gobierno británico anunció hoy la firma de un convenio de intercambio de información con Estados Unidos que le permitirá combatir mejor la evasión fiscal, tras conocerse que grandes empresas multinacionales no han pagado lo que les correspondía en este país.
En un comunicado, el ministro de Economía, George Osborne, subrayó su intención de aumentar la presión sobre estas compañías, como Starbucks o Google, que han logrado minimizar sus pagos a la Hacienda británica haciendo uso de expertos legales.
El convenio con EEUU, que Londres quiere extender a otros países, permitirá acceder a información financiera de las empresas y conocer mejor sus ingresos imponibles, evitando así que apliquen estratagemas legales (o ilegales) de evasión fiscal.
"El Gobierno tiene claro que, mientras la mayoría de los contribuyentes está poniendo su parte para ayudarnos a equilibrar las cuentas, es inaceptable que una minoría evite pagar lo que le corresponde, a veces de forma ilegal,” afirmó Osborne.
Además del convenio con EEUU, el ministerio anunció que dará a Hacienda 77 millones de libras adicionales (94 millones de euros) para que refuerce el equipo que lucha contra la evasión fiscal.
Con estas medidas de refuerzo, el Gobierno espera recaudar unos 2.000 millones de libras (2.500 millones de euros) adicionales al año, indicó el ministerio de Economía.
Tras una polémica en el Reino Unido, la cadena estadounidense de cafeterías Starbucks se comprometió este fin de semana a revisar la forma en que paga sus impuestos en territorio británico.
Directivos de varias multinacionales, entre ellas Starbucks, Google y Amazon, comparecieron el mes pasado ante la Comisión de cuentas públicas del Parlamento británico después de que la prensa revelase una supuesta evasión de impuestos al desviar sus ganancias a través de oficinas en otros países donde gozan de mejor trato fiscal.
Esta Comisión divulgó hoy un informe en el que tacha de “inmoral" la fiscalidad de algunas multinacionales que minimizan el pago de impuestos en Gran Bretaña.
Tras interrogar en noviembre a los directivos de estas empresas, la Comisión concluyó que sus argumentos para justificar sus estrategias fiscales son “poco convincentes” e instó al Gobierno a "tomar medidas”.