BRUSELAS.- Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) afrontarán mañana la negociación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) para 2013, en la que España tratará de incrementar sus cuotas de merluza del norte y de boquerón del golfo de Cádiz y mantener los cupos de rape y gallo.
El Consejo de Pesca celebra el martes y miércoles su tradicional reunión de diciembre, la más importante del año, para consensuar las posibilidades de capturas que tendrá la flota comunitaria en 2013 en el caso de muchas especies de importancia comercial.
Al encuentro asistirá el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
Para España, una de las reivindicaciones principales es aumentar un 9% la cuota de merluza del norte (Gran Sol y aguas ibéricas), partiendo de la base de que "la situación biológica lo permite", indicaron fuentes diplomáticas.
Bruselas, por su parte, defiende reducir un 32% las capturas de esa especie, una de las de mayor valor comercial para la flota española.
Por otro lado, España pedirá a la Comisión un "ligero incremento" de la cuota del boquerón del Golfo de Cádiz, para el que Bruselas plantea un "status quo".
Los datos científicos disponibles demuestran una "tendencia positiva" en la recuperación de las poblaciones de esa especie después de 3 o 4 años de mantenimiento de la situación, por lo que España cree que ha llegado el momento de permitir un incremento de las cuotas, indicaron fuentes diplomáticas.
En el caso del rape y el gallo en Gran Sol y aguas ibéricas, España pedirá mantener los niveles de 2012, una reivindicación que apoyan Portugal, Francia e Irlanda.
Bruselas pide, por su parte, rebajas importantes en el rape (del 20% en el norte y 38% en aguas ibéricas) y el gallo (20% en el norte y del 27% en el caladero ibérico).
La mayoría de los Estados miembros rechaza los recortes de las capturas que Bruselas plantea, al considerar que pretenden adelantar a 2013 el objetivo de "rendimiento máximo sostenible" de existencias en los caladeros, algo que los países se han comprometido a lograr de ser posible en 2015, y como muy tarde en 2020.
El planteamiento de la CE implica un "esfuerzo adicional de gestión que no se justifica desde el punto de vista socioeconómico", según las fuentes.
Por el contrario, los países abogan por un enfoque "progresivo" para que el impacto sobre el sector sea menor, teniendo en cuenta la "tendencia" de los últimos años en aquellos casos en que no se disponga de datos completos sobre el estado de las reservas.