Oro Blanco y Norte Grande se negaron a otorgar información requerida por minoritarios

SANTIAGO.- Los directorios de Oro Blanco y Norte Grande acordaron este jueves, según palabras textuales, "ceñirse a los informes de derecho emitidos por Francisco Pfeiffer y Eduardo Barros y que señalan que ambas compañías están legalmente desautorizadas para dar la información", que los accionistas minoritarios pedían en las juntas que se realizaron hoy.

Los inversionistas minoritarios (Moneda, AFP,y otros) reiteraron su cuestionamiento a las  operaciones hechas por el controlador entre sus sociedades cascadas entre 2009 y diciembre de 2012.

Bajo ese respecto, el representante de Moneda AFI, Vicente Bertrand, denunció una serie de "inconsistencias" en operaciones hechas por Oro Blanco y Norte Grande y en la forma en la que éstas fueron informadas en sus memorias 2012 y a las bolsas de comercio.

Al respecto, el presidente de ambas sociedades señaló en ambas juntas que "el directorio ha actuado con la máxima dirigencia al consultar la opinión legal de dos connotados abogados como son Francisco Pfeifer y Enrique Barros".

El representante de AFP Habitat, en tanto, sostuvo que "la negativa a entregar la información solicitada, junto con privar de un derecho a voto estrictamente independiente contradice la Ley de Sociedades Anónimas. Esto traerá costos tanto para la empresa como para los accionistas de las sociedades".

En tanto, el representante de Provida indicó que "es un deber que los accionistas minoritarios sepan de las relaciones entre partes relacionadas sin perjuicio de ellos, entre los que se encuentran los mismos accionistas de la AFP".
   
El directorio también denegó las solicitudes de entregar más información a la SVS y de convocar a una nueva junta.

La SVS, que tiene un poder "normativo" sobre el mercado de valores había instruido a los controladores para que diera la información que los minoritarios solicitaban, pero éstos se excusaron en el poder "legal" de las opiniones de los abogados citados para no hacerlo.

Al terminar la junta, tanto Moneda como Habitat esbozaron la idea de solicitar semejantes informes en derecho y de mandar los antecedentes a la SVS.