AFP
BUENOS AIRES.- El acuerdo que firmaría la petrolera argentina YPF con la estadounidense Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta, el tercer reservorio de "shale oil" del mundo ubicado en la provincia de Neuquén, recibió nuevas críticas de expertos, políticos, ambientalistas y comunidades mapuches.
También es cuestionado el nuevo régimen que lanzó el gobierno para el sector de hidrocarburos, que otorga beneficios a las empresas que inviertan al menos mil millones de dólares, entre ellas la autorización para exportar el 20 por ciento de su producción de petróleo sin pagar impuestos y sin la obligación de repatriar las divisas que generen esas ventas, como ocurre actualmente.
Este nuevo marco de promoción fue avalado por las empresas YPF, Chevron, Exxon, Pan American Energy, Gas Medanito y Compañía General de Combustibles (CGC), junto con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH).
El jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) opositora, Ricardo Gil Lavedra, denunció en tanto que el preacuerdo entre YPF y Chevron posee "defectos de procedimiento" que permitirían anularlo en un eventual juicio contra el país.
Afirmó asimismo que el preacuerdo es "asimétrico" por las ventajas que le otorga el nuevo régimen de beneficios mientras que el gobierno argentino aplica "gran cantidad de restricciones para un montón de productores y, sobre todo, producciones (de otros sectores)".
El ex secretario de Energía Daniel Montamat criticó en tanto la política energética del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque obligó a "buscar inversores de urgencia, a las apuradas".
"Cuando un país no atrae inversiones y empieza a otorgar regímenes especiales para atraer algún inversor, está condicionando su futuro en ese sector", advirtió. "YPF, hoy controlada por el gobierno, necesita hacer inversiones y tiene problemas para conseguir socios estratégicos y para conseguir financiamiento internacional", señaló el ex presidente de la petrolera entre 1987 y 1989.
El gobierno expropió la mayoría accionaria de YPF que estaba en poder del grupo español Repsol y renacionalizó la compañía petrolera, en una controvertida decisión que generó tensión con Madrid y demandas judiciales.
Montamat señaló además que si el acuerdo con Chevron implicara una inversión de 1.500 millones de dólares, como se informó inicialmente, sería una cifra muy inferior a los 7.500 millones que YPF indicó que necesitaba por año para desarrollar el yacimiento de petróleo y gas no convencional.
En tanto, la Red Nacional Ecologista de Argentina (Renace) denunció hoy que YPF "ha escogido al socio más sucio", al recordar que Chevron fue condenado en Ecuador por la contaminación de unas 500.000 hectáreas en la Amazonía que afectó a unos 30.000 integrantes de las comunidades aborígenes de la región.
La justicia argentina, en respuesta al fallo judicial ecuatoriano por la causa de la contaminación ambiental, embargó el año pasado activos de Chevron en el país por 19.000 millones de dólares, pero la medida fue revocada en junio pasado por la Corte Suprema argentina.
Las comunidades mapuches que habitan en Vaca Muerta anunciaron por su parte marchas en contra de YPF para denunciar la contaminación de las napas de agua en esa región de la Patagonia argentina.
