Tribunal declara quiebra de Distribuidora Rabié y cita a junta general de acreedores

SANTIAGO.- El 22 Juzgado Civil de Santiago dictó el miércoles en la tarde la quiebra efectiva de la chilena Distribuidora Rabié tras analizar los antecedentes aportados en la solicitud de quiebra el pasado 6 de agosto presentada por el principal accionista de la compañía, Jorge
Alberto Rabié Uauy.

"Vistos y teniendo presente: el mérito de los antecedes acompañados a la solicitud de quiebra, consistentes en el inventario de los bienes de la solicitante, una  relación de los bienes excluidos de la  quiebra,  relación de los juicios pendientes, el estado de sus deudas, la memoria de las causas directas e inmediatas del mal estado de sus negocios (...) se declara la quiebra de Jorge Rabié y Cía. S.A., en calidad de deudor comerciante, representada por don Jorge Alberto Rabie Uauy", recogió la sentencia dictada por el juez Pedro Enrique García Muñoz, titular del 22 Juzgado Civil de Santiago.
 
En la misma resolución, el juez procedió a citar a la primera junta general de acreedores "el trigésimo primer día siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la presente sentencia, a las 11:00 horas, en el recinto del Tribunal".
   
Se designó como síndico titular provisional a Herman Chadwick Larraín y como síndico suplente provisional a Patricio Jamarne Banduc.

Según la información consignada por la compañía, el balance al 22 de julio de 2013 consigna que las deudas de Rabié S.A. ascienden a $60.556 millones (aproximadamente US$ 120 millones).
   
Sus tres principales acreedores, según lo detalla la presentación ante el tribunal, son el Bci, Banco Santander Chile y Unilever.

A través de un comunicado, Bci indicó que el monto de la deuda de Rabié ascendería a US$ 150 millones, de los cuales solo el 20% correspondería a deuda con dicha entidad (US$ 30 millones).

Conforme a la información presentada por Rabié al Juzgado Civil de Santiago, de los $60.556 millones, $16.074 millones corresponden a obligaciones con bancos a corto plazo. En tanto, $23.515 millones son cuentas por pagar y $4.944 millones serían obligaciones con bancos e instituciones financieras.