El empresario controlador de SQM, Julio Ponce.
El Mercurio, archivoSANTIAGO.- La Presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago le pidió a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que informe en un plazo no mayor a 48 horas qué razones ha tenido para negarle a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte la investigación en contra del principal controlador de SQM, Julio Ponce y a tres de sus ejecutivos, por eventuales infracciones a la Ley de Sociedades Anóminas y de Mercado de Valores, por una serie de operaciones entre 2009 y 2011 en las llamadas sociedades "Cascada".
En una breve resolución emitida por el presidente del tribunal de alza capitalino, Alfredo Pfeiffer, se admitió a trámite el recurso sobre la base del artículo 19 del Código Procesal Penal que interpuso el viernes pasado el jefe regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes y se le pide que "informe" al Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma.
La SVS le negó al Ministerio Público el acceso al expediente de la investigación que lleva a cabo en contra del controlador de SQM Julio Ponce Lerou, argumentando que la decisión "busca mantener la reserva de la investigación", acotó en su momento Fernando Coloma.
A fines de septiembre el 4º Juzgado de Garantía de Santiago trasladó a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte dos causas relacionadas con el ya llamado caso "Cascadas" .
La fiscal Tania Sironvalle quedó a cargo de la investigación por la querella interpuesta por Julio Ponce en contra de Pablo Echeverría, presidente de Moneda Asset Management.
En tanto, el fiscal José Morales quedó a cargo de la querella interpuesta por Mauricio Daza -abogado del accionista minoritario de SQM y sociedades cascadas, Roberto Lobos-, en contra de Julio Ponce.
"Cascadas"
Las formulaciones de cargos que la SVS realizó el 6 de septiembre contra cuatro ejecutivos ligados a sociedades cascadas de SQM describen en forma detallada el esquema de operaciones bursátiles que entre 2009, 2010 y 2011 habría permitido generar oportunidades de negocio a una serie de firmas ligadas al controlador de la sociedad, Julio Ponce Lerou, y a sociedades que la autoridad denomina cascadas, relacionadas, vinculadas e instrumentales.
Las operaciones descritas por las SVS "presentan características que darían cuenta de una posible concertación entre las partes intervinientes", dice la formulación de cargos de la SVS contra Julio Ponce Lerou. Ello porque muchas de esas transacciones de acciones se realizaron mediante remates con precios "que podrían entenderse distintos a los de mercado".
La SVS resolvió a comienzos de septiembre, formular cargos contra Ponce y otros tres altos ejecutivos ligados grupo: Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica y Roberto Guzmán Lyon.
El regulador acusó a Ponce de cinco presuntas infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores, incluidas dos figuras que constituyen delitos penados con hasta 10 años de cárcel.
Específicamente la SVS resolvió formular cargos a Julio Ponce y Aldo Motta por presuntas infracciones a los numerales 1 y 7 del artículo 42 y al título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, relacionados con: proponer cambios de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social; practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social; usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social; e infracción en operaciones entre partes relacionadas.
Además, formuló dos cargos por presuntas infracciones a los incisos primero y segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, relativos a efectuar cotizaciones o transacciones ficticias y a inducir la compra o venta de valores por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.
Contra Patricio Contesse Fica se levantaron cargos por los numerales ya descritos de la Ley de Sociedades Anónimas, y Roberto Guzmán, por los artículos mencionados de la Ley de Mercado de Valores.
El esquema
La SVS individualiza cuatro tipo de sociedades que participaron en el esquema que reprocha. El primer grupo lo constituyen las sociedades cascadas (Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Potasios y Nitratos); el segundo se denominan relacionadas y están vinculadas a Julio Ponce Lerou; el tercero son sociedades vinculadas en cuya propiedad participan personas cercanas a Julio Ponce, como Roberto Guzmán; y el cuarto grupo, llamado sociedades instrumentales, que tienen algún tipo de "vínculo y/o patrón transaccional" con las anteriores, y entre las cuales figuran sociedades ligadas Alberto Le Blanc (ex dueño de la corredora Transcorp) y Leonidas Vial (socio y accionista controlador de Larrain Vial).
Estos dos últimos no han sido acusados formalmente por la SVS de infracciones a las leyes de Sociedades Anónimas y Mercado de Valores.
"El esquema en cuestión habría hecho posible que sociedades relacionadas al sr. Julio Ponce Lerou pudieran vender las acciones Calichera A y Oro Blanco a precios significativamente mayores a los de su compra. Dichas acciones habían sido adquiridas por parte de las sociedades relacionadas mayoritariamente a precios aparentemente menores a los prevalecientes en el mercado, siendo sus contrapartes, principalmente, las sociedades Cascada, Vinculadas y/o Instrumentales, habiendo estas dos últimas adquirido previamente tales acciones mayoritariamente de sociedades Cascada (…), ello a través de remates, operaciones en rueda que podrían entenderse concertadas y operaciones OD sin difusión", afirma el documento suscrito por Fernando Coloma, titular de la SVS.
Todas las sociedades que participaron en el esquema que la SVS detalla transaron el equivalente al 70,26% de las acciones de Calichera en 2009, el 86,46% en 2010 y el 88,58% en 2011.
"En los años en que se habría efectuado el esquema del que se ha dado cuenta, el mercado accionario era prácticamente explicado por las transacciones efectuadas por los participantes de dicho esquema", dice la SVS.
El caso se hizo público el 31 de julio de 2012, en la junta de accionistas de Oro Blanco, cuando el socio de Moneda Asset Management (accionista de las cascadas de SQM), Pablo Echeverría, tomó la palabra para cuestionar la gestión de la compañía y manifestar "serios reparos" respecto de operaciones realizadas el 2011 y en ejercicios anteriores.