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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:07
SANTIAGO.- El pasado 30 de octubre, el fiscal José Morales decidió dividir las causas atingentes al llamado caso La Polar. En una quedaron los actuales formalizados por el escándalo financiero -entre ellos Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno-, mientras que en una segunda carpeta se dejó a una serie de ejecutivos, ex directores, y sociedades querelladas, pero no formalizadas.
Según publica El Mercurio , a menos de un mes de que se cumpla la fecha para terminar con la investigación, el fiscal José Morales ya tomó su primera decisión con respecto a la mayoría de las personas que componen este segundo grupo. El abogado ingresó al Segundo Juzgado de Garantía de Santiago un escrito en el cual asegura que no perseverará en la investigación de 21 ex directores, ejecutivos y familiares de los formalizados.
"Se ha cerrado la investigación y en la misma fecha se ha decidido no perseverar en este procedimiento, por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación", señala la solicitud.
Esta petición de no perseverar recae sobre los ex directores del retailer acusados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en la arista administrativa, Heriberto Urzúa, Fernando Francke, Andrés Ibáñez, Francisco Gana, René Cortázar, Baltazar Sánchez, María Gracia Cariola y Raúl Sotomayor. Además de los ex ejecutivos Jaime Ripoll, Manuel de la Prida y Rolando Harnish, junto al actual gerente de Asuntos Legales de la multitienda, Andrés Escabini.
A su vez, se incluyó a las esposas del ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, y del ex presidente y gerente general, Pablo Alcalde, Ana Beatriz Tudela y María Inés Lagos, respectivamente. Y a siete personas relacionadas con la ex gerenta de de Administración, María Isabel Farah, entre las que están su hermana Marcela; sus sobrinos Marcelo Vergara -y su pareja Carolina Silva-, Diego Tanus y Mauro Farah; su hija Katherine D'Angelo; y su amiga María Raquel Alarcón.
En la misma línea, el fiscal decidió cerrar la investigación relacionada con las sociedades La Polar e Inversiones SCG, entidad que está a cargo de emitir las tarjetas de la compañía.
Dado este escenario, dentro de la segunda carpeta, dividida recientemente, sólo queda pendiente la resolución sobre el socio de PwC (ex PricewaterhouseCoopers), Alejandro Joignant y la sociedad Siglo XXI 1 y 2. Según fuentes conocedoras del tema, esto último se encuentra aún en evaluación.
El tribunal fijó una audiencia para el 2 de enero próximo en la que se formalizará esta petición y se espera que en ella, las defensas soliciten el sobreseimiento definitivo de estas 21 personas.
En la instancia, no obstante, los querellantes podrían rechazar esta solicitud y pedir la formalización de estas personas. Finalmente, será la justicia la que tome la decisión final.
Arista principal
De esta manera, el fiscal Morales se centra ahora sólo en la arista principal del caso, donde ya se prepara el cierre y la posterior acusación.
Actualmente existen nueve formalizados en el proceso. Se trata de Moreno, Alcalde, Farah y los ex gerentes Nicolás Ramírez, Santiago Grage, Pablo Fuenzalida, Martín González, Marta Bahamondes e Ismael Tapia.
Según fuentes de la indagatoria, el Ministerio Público llevará a juicio oral a la mayoría de los imputados y sólo evalúa en cuatro casos un eventual juicio abreviado en que los formalizados deberían aceptar culpabilidad a cambio de que se les reconozca la atenuante de "colaboración sustancial", para así bajar en un grado la pena a la que se exponen.
La fiscalía debe cerrar la investigación a más tardar el 16 de diciembre, fecha en que termina el plazo legal de 2 años fijado por la justicia. Luego tiene un período máximo de 10 días para materializar la acusación que recaería sobre los nueve formalizados, tras lo cual comenzará la preparación del juicio oral, proceso que debería durar cerca de un mes, para luego dar paso al juicio.
De esta manera, comienza a cerrarse uno de los principales escándalos financieros de una compañía en el país. El caso estalló el 11 de junio del año 2011, cuando la empresa dio a conocer una serie de problemas en sus balances derivados de más de un millón de repactaciones unilaterales.
