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Santiago: Viernes 08 de noviembre del 2024 | Actualizado 18:50
PANAMÁ.- El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), desarrollador de la ampliación del Canal de Panamá, dijo hoy que ha planteado a las autoridades locales "cofinanciar costos imprevistos mientras se espera la decisión del arbitraje internacional", la única opción "que va a permitir" reflotar el proyecto y culminarlo en el menor tiempo.
El consorcio liderado por las empresas española Sacyr y la italiana Impregilo e integrado por la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, ha dicho que "sobrecostos" superiores a los US$ 1.600 millones le han dejado sin liquidez para continuar con la construcción del tercer juego de esclusas del Canal.
GUPC aclaró este domingo que no tiene contemplado parar las obras mañana, cuando vence el plazo de 21 días establecido en un preaviso que envió a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en diciembre pasado, aunque señaló que el contrato lo faculta para adoptar esa decisión "en cualquier momento" a partir del 20 de enero.
"Lo más importante es que hemos estado trabajando para llegar a un acuerdo", dijo en una declaración escrita, Paolo Moder, miembro de la Junta Directiva del GUPC.
La ACP, liderada por Jorge Quijano, y el consorcio, iniciaron conversaciones el pasado 7 de enero, y las partes han presentado propuestas financieras para llevar a cabo entre 30% y 35% de los trabajos que falta para culminar la construcción del tercer juego de esclusas.
"La propuesta de GUPC, la única que puede ser practicada, es también la única que va a permitir cumplir el proyecto en el menor tiempo posible", afirmó Moder en su declaración escrita.
El GUPC obtuvo en el 2009 por valor de US$ 3.118 millones el contrato para la construcción de las esclusas, que debían estar listas en octubre de este año pero se retrasarán a junio de 2015, según avisó el contratista el año pasado.
El consorcio propone "el cofinanciamiento de los costos imprevistos mientras se espera la decisión del arbitraje internacional" señaló este domingo el directivo de GUPC.
"De esta manera, los recursos financiados por la Autoridad del Canal son completamente tutelados hasta la decisión final de los árbitros sobre la responsabilidad de las partes por los costos adicionales, teniendo en cuenta que están avalados por las garantías bancarias y de las aseguradoras obtenidas por el consorcio", añadió.
El contratista planteó que la ACP sacara US$ 400 millones y el GUPC otros US$ 100 millones, mientras que Impregilo difundió a través de los medios una propuesta que implicaba que la autoridad desembolsara entre US$ 500 y US$ 1.000 millones.
Ambas fueron rechazadas por estar "fuera de contrato" por la ACP, que propuso un desembolso conjunto de US$ 200 millones y la moratoria de dos meses en el pago de un anticipo US$ 83 millones otorgado al GUPC, la "oferta razonable" según dijo Quijano el pasado 8 de enero.
"La Autoridad del Canal ha rechazado financiar los costos imprevistos. De esta manera, todo el peso del financiamiento de las obras adicionales ha recaído de manera injusta sobre el consorcio, sin que ninguna autoridad independiente o juez lo haya decidido, lo que puede generar grandes perjuicios para GUPC", opinó Moder.
El contrato prevé dos instancias superiores para procesar reclamos rechazados por la ACP: una Junta de Resolución de Conflictos y un tribunal internacional con sede en Miami, EE.UU.
Según ha dicho la ACP, el consorcio "ha insistido en intentar tramitar sus reclamos fuera del contrato", a lo que "se niega de manera rotunda entre otras razones porque invalidaría la garantía existente para el proyecto", incluido un seguro de hasta US$ 600 millones contratado con la firma Zurich International.
Moder señaló que completado "casi el 70%" de la construcción de las nuevas esclusas no existen dificultades técnicas que haga peligrar el proyecto, solo "la difícil situación financiera" que enfrenta "a causa de los imprevistos que se han encontrado y la consiguiente solicitud del reconocimiento económico" presentado por el GUPC.
Los costos adicionales reclamados por el GUPV están "ampliamente documentados y verificados" tanto por la ACP como por una "auditoría específica efectuada por expertos independientes".
"En definitiva, no hay discusión sobre la existencia de esos costos adicionales, lo único que se discute es quién los tiene que pagar, si el contratista o el cliente", aseguró Moder.
