MADRID.- El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lideran la española Sacyr y la italiana Impregilo, anunció hoy que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) "rompió las negociaciones", pero que "sigue buscando una solución de financiación" para terminar las obras de ampliación de la vía interoceánica en 2015.
"La ruptura de las negociaciones pone la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente", según un comunicado de la empresa, que subraya que "sin una solución inmediata" las partes se "enfrentarán a años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso".
El comunicado fue enviado por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que finalizará anoche el plazo que la administración de la vía y el consorcio a cargo de las obras se dieron para conseguir una salida viable y acorde al contrato vigente.
En la bolsa de Madrid, las acciones de Sacyr, que han llegado a caer un 7 %, se dejaban un 5,52 % media hora después de la apertura, hasta los 3,66 euros por título.
El consorcio añade en la nota que ha estado "haciendo propuestas y respondiendo a las de la ACP de manera continua y casi diaria" y que el martes mismo mandó "la última propuesta para alcanzar un acuerdo y permitir que se complete el proyecto de la expansión en el menor tiempo posible".
Estas propuestas, agrega, se han acompañado de cartas al administrador de ACP, Jorge Quijano, invitando al organismo "a abandonar su posición injustificadamente rígida", así como reclamando una factura de 50 millones de dólares "para permitir los pagos a las subcontratistas y a los trabajadores y cubrir así las nóminas".
Aunque no habido respuesta, subraya el consorcio, se sigue buscando "una solución integral" y se invita "de nuevo" a la colaboración para la resolución del conflicto.
El consorcio señala que el proyecto ya ha avanzado más del 70 % y recuerda la necesidad de una financiación adicional de 1.600 millones de dólares para culminar la obra.
"Esta es una carga de tal magnitud que ningún contratista o empresa privada puede soportarla por sí misma", defiende.
"Un acuerdo entre ACP y GUPC ofrece el único camino para terminar el Canal con prontitud y eficiencia con el menor impacto sobre los trabajadores y sus familias, subcontratistas, proveedores y todos los afectados por el abandono de las negociaciones", concluye el comunicado.
El conflicto contractual, que estalló a principios de año, parte de esos 1.600 millones de dólares en "sobrecostes" que habrían dejado sin liquidez al contratista para continuar la construcción del tercer juego de esclusas del Canal.
La Autoridad del Canal no reconoce esa cifra de costes extraordinarios, que considera "desproporcionada", y exige que el asunto sea dirimido por las instancias internacionales previstas en el contrato firmado en 2009 sin que haya paralización de por medio.
El proyecto del tercer juego de esclusas debía estar listo en octubre de este año, según el contrato, pero ya en el 2013 el GUPC anunció un retraso hasta junio 2015.