Faltan pocas semanas para el cambio de gobierno y con el paso de los días veremos cómo las propuestas levantadas durante la campaña por la Presidenta electa comienzan gradualmente a dar paso a proyectos específicos, con todos los detalles y matices que supone la ejecución de políticas públicas.
El gobierno entrante se encontrará con una economía mundial que comienza a dejar atrás una profunda crisis financiera, aun cuando queda bastante camino por recorrer antes de decretar el "alta médica" de esta. Para la economía chilena se proyecta un cuadro global razonablemente favorable en los próximos años, no obstante que las condiciones de financiamiento no serán tan convenientes. Por su parte, los términos de intercambio deberían reflejar condiciones más normales en los precios de las materias primas, retornando a una trayectoria más próxima a su tendencia de mediano plazo. El aspecto positivo a destacar es que parece alejarse la posibilidad de una recaída de las principales economías, lo que junto con las turbulencias financieras que dicho escenario supone plantea la amenaza del fortalecimiento de las presiones proteccionistas en estas, lo que resultaría verdaderamente dañino para nuestras perspectivas de crecimiento.
Las tareas que se ha propuesto el gobierno entrante son amplias y complejas. En el ámbito económico estas se pueden resumir en la implementación de políticas conducentes a lograr progresos significativos en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso en un horizonte razonablemente breve de tiempo. Ello, dentro de un contexto de altas tasas de crecimiento del producto. Como se ha planteado en diversas oportunidades, el crecimiento es un instrumento esencial para conquistar avances duraderos en la reducción de la pobreza. Luego, un desafío importante dentro del ejercicio habitual de la política económica consiste en seleccionar los instrumentos adecuados, de forma de conciliar los objetivos expuestos.
Un aspecto delicado y de difícil manejo dentro del diseño de políticas públicas es la presión que suelen ejercer grupos que aspiran a conquistar un mejoramiento en sus condiciones de vida a través del acceso a mayores recursos fiscales y/o convenientes ajustes regulatorios. La experiencia de numerosas economías muestra cómo la capacidad de progresar de estas fue finalmente ahogada por una compleja red de regulaciones e intervenciones estatales, originada en respuesta a las demandas de sectores bien organizados, cuyos intereses habitualmente compiten con los de los sectores más vulnerables a los que debe apuntar la política social.
No tengo dudas de que las intenciones de las autoridades económicas que asumen apuntan al diseño de una cuidadosa política social, sobre la base de una rigurosa evaluación de los diferentes proyectos que le irán dando forma. Sin embargo, la mantención de esta estrategia requerirá de una importante dosis de fortaleza política, junto con un arduo trabajo de persuasión. Ello, en términos de explicar a la comunidad y a los líderes de opinión cuáles son los méritos de las propuestas, junto con los costos y restricciones asociados a estas. Es lo que alguna vez el célebre economista George Stigler, premio Nobel, llamó el rol del economista como "predicador". Esto es ya no como un especialista que procesa los datos que describen el funcionamiento de la economía y los eventuales efectos de las políticas públicas sobre esta, sino como alguien que expone con claridad y lucidez a la comunidad las características y consecuencias de este ejercicio.
Al mirar la realidad económica latinoamericana actual, resulta evidente el contraste entre aquellas economías que se han orientado hacia la disciplina de una economía de mercado, sujeta a reglas bien establecidas de gestión de los recursos públicos, con respecto a otras, que bajo el pretexto de agendas sociales más agresivas han terminado erosionando su capacidad de progresar, al mismo tiempo que han profundizado las inequidades y las tensiones que acarrea una mayor pobreza.
La economía chilena ha alcanzado importantes progresos en las últimas décadas. El salto definitivo al club de las economías desarrolladas supone implementar estrategias adecuadas para crear una mayor igualdad de oportunidades en la sociedad, impulsar un ambiente de emprendimiento e innovación y resolver las restricciones energéticas, dentro de los principales desafíos. El éxito en esta tarea requiere evitar que la ruta al progreso se vea obstruida por grupos de presión o propuestas ideológicas, que solo nos pueden asegurar nuestra participación en el menos atractivo grupo de países que han caído en la "trampa de las economías de ingreso medio".
*Por un error, la columna "De Puño y Letra" publicada hoy en Economía y Negocios del diario "El Mercurio", corresponde a Francisco Rosende y no a Andrea Repetto.