PANAMA.- La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el grupo Unidos por el Canal, liderado por Sacyr y encargado de las obras de ampliación de la vía, seguirán este miércoles negociando para cerrar un acuerdo definitivo que permita retomar los trabajos,
paralizados desde el pasado 5 de febrero, según informa la prensa local.
Las dos partes mantienen abierto el diálogo tras culmimar ayer martes el plazo de una semana que el administrador del Canal, Jorge Quijano, estableció cuando el pasado miércoles anunció un "acuerdo de principios".
Ahora, el máximo responsable de la ACP ha señalado esta semana como "crítica" para tomar una decisión definitiva con el fin de que el "proyecto de obras de ampliación se reinicie lo antes posible", según informa el diario panameño "La Prensa".
Así se lo transmitió Quijano a los máximos dirigentes de las empresas que integran el consorcio adjudicatario de las obras (Sacyr, Impregilo, Jan de Nul y Cusa) en una conversación telefónica mantenida ayer martes.
El administrador del Canal ha revelado que están surgiendo "serios desacuerdos" entre las partes a la hora de plasmar el principio de acuerdo.
Además de estas diferencias, aún está también pendiente de concretar la implicación en el acuerdo de Zurich, la aseguradora del la obra.
En este sentido, fuentes oficiales de Zurich Insurance consultadas por Europa Press aseguraron "no poder ofrecer más detalles sobre su posición" en esta negociación más allá de los ofrecidos la pasada semana, cuando apuntaron que la firma se siente "cómoda" con su actual nivel de "exposición" en el proyecto, "limitada por los mecanismos de reaseguro y su tolerancia al riesgo".
El principio de acuerdo sobre el que se negocia gira precisamente en torno a la propuesta planteada por la aseguradora del proyecto de ampliación. El plan pasa por utilizar la garantía de US$ 400 millones que dio a la obra para lograr un préstamo para financiar su continuación.
Además, contempla una aportación de financiación de US$ 100 millones tanto por parte del consorcio como de la Autoridad, y que ésta además alargue los plazos a las constructoras para devolver los adelantos de US$ 784 millones ya abonados.