Unos 3.000 manifestantes se congregaron a protestar contra la ley que prevé la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones, la de la compañía estatal de electricidad y de la autoridad portuaria.
EFELa ley fue rechazada por 25 diputados, votada a favor por otros tantos, mientras que cinco se abstuvieron.
Entre los diputados que votaron en contra o se abstuvieron figuran cinco de los ocho diputados del centrista DIKO, que hasta el miércoles formaba parte de la coalición de Gobierno y que anunció su salida en protesta por la reapertura de las negociaciones para la reunificación de la isla emprendida por el presidente, Nikos Anastasiadis.
En principio, el rechazo debería implicar un bloqueo al desembolso del próximo tramo del rescate de la "Troika" por valor de 236 millones de euros (US$ 323 millones).
Chipre tiene de plazo hasta el 5 de marzo, según sus obligaciones con la "Troika", para completar la aprobación de la propuesta de ley sobre las privatizaciones. Por eso no se descarta que en los próximos días los diputados sean llamados a revisar su decisión, previa consulta con los sindicatos y el Ejecutivo.
En el debate que precedió a la votación, el líder de DIKO, hasta ayer socio de la coalición gubernamental, Nikolas Papadópulos, aseguró que su partido seguirá actuando "con responsabilidad" pese al coste político que ha supuesto salir del Ejecutivo.
Sin embargo, finalmente y tras quedar rechazadas varias enmiendas presentadas por esta formación, solo Papadópulos y otros dos diputados de su partido acabaron respaldando el proyecto gubernamental.
El parlamentario de DIKO Angelos Votsis justificó la abstención de cinco de los ocho miembros de su grupo por el hecho de que el partido gubernamental DISY había decidido rechazar las cinco enmiendas presentadas al proyecto de ley.
Por parte de la oposición, el líder del comunista AKEL, Andros Kyprianú, señaló que su partido "no consentirá la venta de riqueza pública".
Unos 3.000 manifestantes se congregaron ante el Parlamento en protesta contra la ley que, entre otras cuestiones, prevé la privatización de la empresa pública de telecomunicaciones CYTA, la de la compañía estatal de electricidad AHK y de la autoridad portuaria.