Los compradores japoneses reaccionaron al incremento del IVA cerrando sus billeteras.
APTOKIO.- Los concesionarios de vehículos y los grandes almacenes fueron los primeros en experimentar en Japón una fuerte caída en sus ventas, desde que entró en vigor el alza del IVA de 5% al 8% dispuesta por las autoridades.
Los parques temáticos y los cines también registraron un descenso de visitantes, mientras que los productos de electrónica y los supermercados sufrieron un descenso de ventas menor del esperado, según datos compilados por el diario "Nikkei".
El primer incremento del impuesto sobre el consumo en ese país en 17 años entró en vigor el 1 de abril y fue dispuesta por el gobierno del Primer Ministro Shinzo Abe. Es considerada como una "prueba de fuego" sobre la viabilidad de las reformas que buscan revitalizar la economía nipona, conocidas como las "Abenomics".
El efecto del alza no se hizo esperar e incidió, asimismo, en las ventas de relojes, joyas y otros artículos de alta gama, cuya comercialización cae desde el martes pasado a alrededor de 50% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
En términos generales, las ventas de los principales grandes almacenes del país disminuyeron entre 10% y 27%, según el medio.
Los concesionarios de vehículos, en tanto, registraron el sábado entre 20% y 40% menos de visitantes. Las perfumerías vieron bajar sus ventas en 30%.
El contraste fue brindado por los productos de electrónica, cuya comercialización resultó mejor que la esperada pues disminuyó entre 10% y 20%.
La anunciada alza del IVA propició un aumento considerable de las compras de última hora en el país asiático, tradicionalmente muy sensible a estas medidas. La disposición abrió temores sobre la posibilidad de un frenazo en el gasto de los japoneses, componente que supone 60% del PIB nacional.
El gobierno calcula que el incremento impositivo incrementará su recaudación en unos 5 billones de yenes (48.485 millones de dólares) durante el ejercicio, y en unos 8 billones (77.568 millones de dólares) anuales a partir de 2015.
La medida pretende costear la pesada carga que supone la seguridad social para un país con una población muy envejecida sin tener que recurrir a la emisión de deuda y mejorar así su salud fiscal, la peor del mundo desarrollado.