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Santiago: Sábado 31 de agosto del 2024 | Actualizado 20:25
SANTIAGO.- Respaldo unánime concitaron dos proyectos de acuerdos impulsados por senadores de todos los sectores y que solicitan a la Presidenta Michelle Bachelet y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) abogar por medidas que alivien los procesos de juicios hipotecarios y los créditos contratados por damnificados del terremoto en el norte y en el incendio en Valparaíso.
El primer proyecto de acuerdo solicita a la SBIF que interceda ante la Asociación de Bancos, para que ésta suspenda -por un lapso prudencial- el cobro de créditos contratados por las víctimas de los incendios en Valparaíso.
La petición aprobada por la Sala tuvo su origen en una iniciativa encabezada por el senador Francisco Chahuán y apoyada por los senadores Carlos Bianchi, Lily Pérez San Martín y Baldo Prokurica.
La propuesta reconoce que "gran parte de los afectados con la pérdida total o parcial de sus viviendas, son deudores de créditos hipotecarios; mientras que otros tantos, habían solicitado créditos automotrices".
En cuanto a los segundos, el proyecto de acuerdo admite que parte de los vehículos eran usados como colectivos o taxis, los que al resultar siniestrados, afectan directamente la posibilidad de esos porteños de generar ingresos.
En todos los casos, los senadores aclaran que los afectados "no están en condiciones de cancelar sus deudas regularmente durante los próximos meses, lo que les significará incurrir en mora, y por ende, se publicará tal situación en el Boletín Comercial, lo que a su vez les impedirá acceder al otorgamiento de nuevos créditos en el sistema financiero".
Terremoto en el Norte
El segundo proyecto de acuerdo aprobado tiene su origen en una petición impulsada por los senadores Alejandro Navarro, Pedro Araya y Alejandro Guillier y apunta a solicitar a la Presidenta de la República que interceda para que, se suspenda por el plazo de un año, en las zonas afectadas por el terremoto recién pasado, las subastas públicas, los juicios hipotecarios y los lanzamientos.
Los legisladores explicaron que "la experiencia del 27 F nos dejó como lección ocuparnos las víctimas del terremoto, quienes a meses del desastre vieron que los bancos los demandaban exigiendo un imposible: el pago de dividendos y deudas", con lo cual "hubo embargos, desalojos o lanzamientos, con abogados y receptores, fuerza pública, etc., lo que más que un descriterio fue un abuso intolerable hacia las víctimas".
Por ello, recalcaron que "la ley 16.282, dispone que los tribunales podrán suspender las subastas por el plazo máximo de un año, pero la norma no se aplicó en las zonas siniestradas el 27 F".
Por eso aludieron a la necesidad que el Ejecutivo apoye la reforma de la ley, para que las deudas hipotecarias también se suspendan en caso de fuerza mayor, o caso fortuito que no es posible resistir como un terremoto.
Los parlamentarios precisaron que "no podemos permitir que eso ocurra nuevamente, pues constituye un abuso que se cobren deudas en zonas de catástrofe, pues hay un estado de necesidad y una imposibilidad de pago".
