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Tratado de Libre Comercio entre UE y EE.UU. se traba por protección a inversores

Actualmente, el Congreso americano puede enmendar o rechazar un acuerdo de comercio a base de cláusulas, lo que impide a los negociadores estadounidenses ofrecer garantías concretas a sus socios europeos.

18 de Mayo de 2014 | 10:11 | DPA
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Michael Froman, jefe negociador para el tratado de Estados Unidos

EFE
WASHINGTON.- Las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos para impulsar la creación de la Asociación de Comercio Transatlántico e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), se han visto estancadas debido "a la protección de los inversores extranjeros y por la implementación de leyes para la protección de la población y del medio ambiente", según informaron organizaciones civiles.

Pocos días antes del comienzo de la quinta reunión de negociadores de la UE y Estados Unidos, la Comisión Europea sostuvo una reunión poco frecuente con accionistas, transmitida en directo por Internet, para explicar algunos de los temas más controvertidos, que tiene que ver con la protección de los inversores extranjeros.

Mientras que los defensores del tratado esperan, con optimismo, que el acuerdo definitivo pueda lograrse a finales de 2014 o principios de 2015, la canciller alemana, Angela Merkel, mencionó como fecha probable "finales de 2015", un cálculo que encendió las alarmas en el Parlamento británico.

Lo que está en juego es la creación de una zona de libre comercio con 800 millones de consumidores. La UE y Estados Unidos ya mantienen la relación comercial más grande del mundo, con algunas de las tarifas más bajas, que supone al menos el 40% de la producción económica mundial.

Los defensores del tratado esperan que el acuerdo permita impulsar el crecimiento económico, algo muy necesario, y crear hasta dos millones de nuevos empleos mediante la reducción de barreras regulatorias en áreas como la seguridad automotriz, la industria farmacéutica y otros sectores que actualmente constriñen el comercio. Para un número creciente de grupos civiles, esto último es inaceptable.

La filtración de un documento de la UE sobre "coherencia regulatoria" ha sido motivo para que casi 200 organizaciones a ambos lados del Atlántico presentaran el pasado lunes una protesta a los dos jefes negociadores, Karel de Gucht, de la UE, y Michael Froman, de Estados Unidos.

"Estamos profundamente preocupados por el peligro de que el TTIP tenga un efecto terrorífico sobre el desarrollo y la implementación de leyes para la protección de la población y del medio ambiente", escribieron las organizaciones civiles.

Otro gran tema controvertido, que la UE ha aparcado por el momento, se refiere a la protección de los inversores extranjeros. Los críticos aseguran que esta norma limitiría la capacidad de los gobiernos de establecer reglas para proteger a sus ciudadanos y el medio ambiente. El ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, incluso ha advertido de que la inclusión en el tratado de libre comercio de una Resolución de Disputas entre el Estado y los Inversores (ISDS, en sus siglas en ingles) podría ser motivo para Alemania para retirar su apoyo a un acuerdo negociado.

Tensas conversaciones

Uno de los temas prioritarios en el orden del día de las negociaciones es la energía.

Además, se prevén conversaciones acaloradas sobre el importante tema de las compras de gobierno, que, en opinión de un funcionario de la UE que pidió el anonimato, podría inclinar la balanza en las negociaciones.

La UE quiere que EE.UU.impulse una propuesta que al menos permitiría a empresas europeas concursar por contratos federales o, si no, por contratos a nivel de estado sobre los que Washington no ejerce control.

Una regulación común del comercio financiero ha sido excluida de las negociaciones debido a la "vehemente oposición por parte de Estados Unidos", señala con tono de lamento el informe presentado esta semana por una comisión del Parlamento británico sobre el TTIP.

Un gran problema para la parte estadounidense es la reticencia del Congreso a invocar la denominada ley de vía rápida (fast track law), que obligaría a los diputados a votar a favor o en contra del acuerdo de libre comercio en su totalidad.

Actualmente, el Congreso puede enmendar o rechazar un acuerdo de comercio a base de cláusulas, lo que impide a los negociadores estadounidenses ofrecer garantías concretas a sus socios europeos. El Parlamento Europeo también tendrá que aprobar el tratado.
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