La presidenta argentina Cristina Fernández.
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SANTIAGO.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) alertó este jueves que la deuda pública argentina puede crecer en 100.000 millones de dólares, debido a las consecuencias del juicio en Estados Unidos entre ese país y los llamados "fondos buitres".
"A título comparativo, la deuda pública argentina denominada en moneda extranjera con acreedores privados y organismos internacionales de crédito asciende a 79.000 millones de dólares", dijo la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena.
"Las obligaciones emanadas de los holdouts litigantes (tenedores del uno por ciento de los títulos de deuda que entraron en cesación de pagos en 2001) podrían rápidamente extenderse al resto" de los tenedores de deuda, explicó la funcionaria.
Bárcena explicó que el acatamiento de este fallo puede activar de hecho la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers) que compele a Argentina a equiparar las condiciones de pago a todos los tenedores de deuda, incluidos los que aceptaron renegociar.
En ese contexto, Bárcena criticó a los llamados "fondos buitres" y pidió establecer mecanismos globales para resolver los conflictos entre los países y estos inversionistas, que en Argentina no aceptaron los canjes de deuda propuestos por el gobierno.
"Se necesita diseñar un mecanismo de reestructuración de deuda que tenga en cuenta las condiciones de los deudores", subrayó la secretaria ejecutiva de Cepal.
La funcionaria, tras denunciar las profundas inequidades del sistema financiero internacional, dijo que el pago del servicio de la deuda debería "depender, por lo menos en parte, de condiciones macroeconómicas contingentes".
En ese sentido, cuestionó "el poder desmesurado (...) del mundo de la finanzas por sobre el del trabajo y la producción".
En ese marco, alertó que la decisión de la Corte de Suprema de Justicia de Estados Unidos constituye un riesgo, en referencia al dictamen de ese tribunal que obliga a Argentina a pagar el total de lo adeudado a los fondos que no aceptaron la reestructuración de la deuda que entró en default en 2001.
"Dicha decisión no solo dificulta -o, quizás, imposibilite- que Argentina continúe con el pago del servicio de su deuda reestructurada, sino que atenta contra la estabilidad del sistema financiero internacional", recalcó Bárcena.
La secretaria ejecutiva de Cepal agregó que la resolución judicial incluso "constituye un precedente que puede obstaculizar otros procesos de reestructuración de deuda soberana en el futuro".
"Es en este sentido que emerge la necesidad de establecer un mecanismo internacional que permita resolver los conflictos de intereses suscitados por defaults soberanos tal como vienen planteando los organismos internacionales", concluyó.
