BUENOS AIRES.- Argentina no hará una propuesta formal inmediata a los tenedores de bonos impagos en una reunión el lunes con el mediador judicial estadounidense por el pleito que rodea a su deuda no reestructurada, dijeron fuentes del Ministerio de Economía al matutino local
Página 12.
Una delegación del Ministerio de Economía se reunirá en Nueva York con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez estadounidense Thomas Griesa en el conflicto que el país sudamericano mantiene con acreedores de deuda no reestructurada conocidos como "holdouts".
El fallo de Griesa prohíbe a Argentina pagar a tenedores de bonos soberanos que aceptaron una reestructuración de deuda en el 2005 y el 2010 hasta que no abone más de US$ 1.300 millones a los acreedores en conflicto.
Si Argentina no destraba la situación antes del 30 de julio, cuando termina el período de gracia para pagar sus bonos Discounts vencidos a fines de junio, caerá en un incumplimiento justo cuando busca recuperar la confianza de inversores internacionales para impulsar su economía en recesión.
"Vamos a escuchar al mediador y queremos saber si hay una posibilidad de una negociación genuina o si los buitres (como el Gobierno argentino suele nombrar a los 'holdouts') pretenden cobrar su sentencia tal cual fue dictada por Griesa", dijeron las fuentes.
La delegación argentina se reunirá con Pollack el lunes, pero el ministro de Economía, Axel Kicillof, señaló el jueves que no está programado ningún encuentro con representantes de los tenedores de deuda con quienes tiene conflicto.
Kicillof dijo que aún no se definió cuáles autoridades viajarán a Nueva York a encontrarse con el mediador, pero, según Página 12, el Ministerio aún no descartó que el titular de la cartera lidere la misión al país norteamericano.
Se desconoce qué clase de acuerdo puede llegar a alcanzar Argentina con los fondos de inversión. Una cláusula de los canjes de deuda del 2005 y del 2010 le impide hacer una oferta mejor que a los tenedores que participaron en esas operaciones.
Esta restricción vence el 31 de diciembre. El Gobierno argentino ha dicho que su incumplimiento puede generarle juicios por hasta US$ 130.000 millones.
