LISBOA.- El Gobierno portugués aprobó hoy la concesión al sector privado de la gestión del Metro y de la Sociedad de Transportes Colectivos de Porto y anunció que esta medida se aplicará también al transporte público de Lisboa en septiembre.
Con esta decisión se abre un proceso que el Ejecutivo espera dejar zanjado este mismo año en el caso de la ciudad de Porto y a principios del próximo, en el caso de la capital, dijo el ministro de Economía, António Pires de Lima.
En rueda de prensa tras la reunión del consejo de ministros, Pires de Lima y el secretario de Estado de Transportes, Sérgio Monteiro, detallaron que el plazo de la concesión será de entre 7 y 10 años y garantizaron que no generará ninguna subida de tarifas.
Monteiro dejó claro además que el contrato de concesión para la prestación de estos servicios "no implica" que los activos vayan a ser vendidos a inversores privados.
"Los activos que ahora son públicos continúan siendo públicos", según el secretario de Estado, quien incidió en que "solo la prestación del servicio será llevada por una entidad privada".
La operación está abierta, en términos de competencia, a la empresa o empresas que opten por presentarse y que se comprometan a respetar las obligaciones de servicio público, como la de no subir los precios "más allá de la inflación", explicó Monteiro.
La operación se repetirá en septiembre con el Metro de Lisboa, la empresa de autobuses urbanos Carris, y las de transporte fluvial Transtejo y Soflusa.
El proceso de licitación será igual al de Porto y el Gobierno espera tenerlo cerrado "previsiblemente en el primer mes de 2015", según Pires de Lima
Las dos operaciones permitirán un ahorro para las arcas públicas que el ministro cifró en 85 millones de euros al año a partir de 2015 sólo en concepto de indemnizaciones compensatorias, que dejarán de ser atribuidas por el Estado a las empresas.
Ambas se inscriben en el programa de privatizaciones puesto en marcha en el país como parte de la batería de ajustes y reformas acordadas con los acreedores internacionales, ante los que se ha comprometido a rebajar el déficit de 2014 hasta el 4% del PIB.
Desde 2010, el Estado portugués ya vendió su participación en la eléctrica EDP por 2.800 millones de euros a capital chino, el 40% de la transportadora energética REN (600 millones) y la totalidad la gestora aeroportuaria ANA (3.000 millones de euros), así como el 70% de los Correos estatales CTT (580 millones de euros).