BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino reclamó hoy a Estados Unidos que responda si acepta o no la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, en el marco de la demanda presentada por violación al principio de soberanía por parte de la Justicia estadounidense en pleitos con "fondos buitres".
"Estados Unidos no ha contestado si acepta o no acepta dirimir la controversia con la Argentina en el tribunal internacional", declaró el canciller, Héctor Timerman, en una conferencia de prensa conjunta con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y la consejera legal de la Cancillería Susana Ruiz Cerutti en la Casa de Gobierno de Buenos Aires.
Capitanich explicó que la decisión de demandar a Estados Unidos el pasado 7 de agosto en la CIJ se tomó en virtud de la "violación de la soberanía de la Argentina y de sus inmunidades" como consecuencia del accionar de la Justicia de ese país.
Buenos Aires considera que los fallos de la justicia norteamericana en el litigio con fondos de inversión sobre la reestructuración de la deuda pública argentina violaron su soberanía.
El canciller consideró que "Estados Unidos debe hacerse responsable por los actos ilegales del juez Thomas Griesa", entre los que citó las interpretaciones "arbitrarias, incluso en contra de la voluntad política" de ese país.
La causa se enmarca en el fallo del juez Griesa que obliga a la Argentina a pagar a fondos de inversión, que Buenos Aires considera "buitres", el total de los bonos soberanos argentinos que tienen en su poder y entraron en cesación de pagos a fines de 2001, sin aplicar los recortes que realizó en la reestructuración de la deuda en "default" aceptada por más del 92% de los acreedores.
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aseveró que no puede cumplir con la resolución porque le acarrearía múltiples demandas de los bonistas que aceptaron en 2005 y 2010 la reestructuración de deuda.
La falta de cumplimiento del fallo judicial dejó al país sudamericano en un "default" técnico, según las principales agencias de calificación de deuda, ya que no pudo pagar un vencimiento de deuda de bonos reestructurados.
El ministro de Relaciones Exteriores subrayó que la interpretación del magistrado estadounidense de la cláusula "pari passu", sobre el mismo trato a todos los acreedores, "es arbitraria y se extralimita respecto de la jurisprudencia del juez" afectando a "parte de los bonistas que aceptaron el canje y no son parte del proceso".
"La Argentina seguirá exigiendo que los Estados Unidos respeten el derecho soberano de seguir pagando su deuda, sin intervenciones violatorias del derecho internacional", subrayó Timerman.
"Vamos a seguir insistiendo ante los tribunales y los organismos internacionales para que se permita terminar un proceso iniciado en 2005", sostuvo el canciller.