BUENOS AIRES.- El gobierno argentino envió la noche del martes un proyecto de ley al Congreso que fija abonar en el país a los tenedores de bonos de su deuda, ante el bloqueo judicial de los pagos en Estados Unidos tras un juicio ganado por fondos especulativos.
Así lo anunció la Presidenta Cristina Fernández en un discurso emitido por radio y televisión.
"Para salvaguardar el cobro al 93% de los acreedores que adhirieron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 se designa al Fideicomiso Banco Nación (estatal) como reemplazo de la sede de pago del Banco de Nueva York Mellon, sin perjuicio de lo que decidan los tenedores de bonos. Es una medida voluntaria", precisó la Mandataria.
La jefa de Estado dijo que dichos fondos especulativos "son conocidos como 'buitres' justamente porque no quieren negociar", y reveló que "han fracasado hasta bancos privados" en conversaciones para superar el conflicto.
Por ello, aseveró, Argentina "también propone al 7% que no aceptó los canjes poder cobrar en Buenos Aires", donde empezará a hacer depósitos de los vencimientos de la deuda reestructurada.
Es "usura"
Fernández volvió a acusar al juez del distrito sur de Nueva York, Thomas Griesa, de haber emitido un fallo "ilegal, en exclusivo beneficio de los fondos 'buitres'", al dictaminar que Argentina debe pagarles el 100% de una deuda de 1.330 millones de dólares, bajo restricción de bloquearle todo otro pago a tenedores de bonos que aceptaron la reestructuración, tal como sucedió el 30 de julio pasado.
Del mismo modo, calificó como "usura" intentar el cobro del 100% de una deuda, "lo que implica en este caso intereses de 1.680%, algo absolutamente impagable".
Fernández anticipó que el próximo pago de la deuda reestructurada por 200 millones de dólares, si logra el aval del Congreso, lo hará en la fecha prevista del 30 de setiembre en el fideicomiso que formará en la capital trasandina.
Argentina quitará, a la vez, el poder de agente de pago al Banco de Nueva York, donde el juez Griesa mantiene bloqueados 539 millones de dólares de bonos reestructurados, en represalia por el incumplimiento de su sentencia, situación que las calificadoras de riesgo llevaron a declarar a Argentina en default selectivo.