ANTIAGO.- El director de la Unidad de Análisis Financiero, Javier Cruz Tamburrino, y el superintendente de Casinos de Juego, Renato Hamel Maturana, firmaron una circular conjunta para actualizar la normativa que hoy se aplica a los casinos de juego que funcionan en el país.
Según se informó, la nueva legislación apunta a las nuevas directrices internacionales fijadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), sobre el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.
De acuerdo a la circular, "todos los casinos de juego (privados y públicos) del país deberán contar con un Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, basado principalmente en el concepto 'Conozca a su Cliente', que se aplicará a toda persona natural con la cual el casino de juego realice operaciones propias de su giro, en que se transen sumas de dinero iguales o superiores a US$ 3.000, o su equivalente en otras monedas.
Las sociedades operadoras de casinos de juego deberán enviar a su directorio el Sistema de Prevención para la aprobación de éste, y remitirle información periódica sobre las operaciones analizadas, acciones realizadas respecto de ellas y operaciones informadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como también sobre el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos en esta materia.
El superintendente de Casinos de Juego, Renato Hamel, puntualizó que, en el caso de los casinos de juego, las operaciones a analizar son aquellas propias de su giro, tales como "las apuestas realizadas en los juegos de azar, el canje de las fichas de juego, el cambio de divisas, en caso que este último servicio sea ofrecido por el casino de juego o por la sociedad operadora del mismo, como asimismo todas aquellas que implican un constante flujo de dinero en efectivo desde el casino de juego hacia sus clientes, y viceversa".
Según lo instruido en la nueva norma, los casinos de juego deberán registrar y conservar la información relacionada con la identificación y el conocimiento de los clientes por un plazo mínimo de 5 años, a partir de la última operación realizada por éste, debiendo estar disponible para la UAF y la Superintendencia de Casinos de Juego, en caso que cualquiera de dichas instituciones lo requiera.
Asimismo, entre otras exigencias, será obligación de cada local implementar y ejecutar medidas de conocimiento de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), registrando cualquier operación en las que estén involucradas, considerándose como tales a los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas, hasta lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas.
En este grupo se encuentran Presidentes, senadores, diputados y alcaldes, ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, ministros de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales, embajadores, jefes superiores de Servicio, entre otros.
Además, los casinos de juego deberán elaborar un Manual de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, con políticas y procedimientos de conocimiento de los clientes.