SANTIAGO.- El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, se reunió anoche con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, con el fin de expresar la preocupación de los agricultores del país por las anunciadas modificaciones al Código de Aguas.
Según expresó el titular de la SNA, en los últimos días se han escuchado una serie de señales por parte de diversas autoridades de gobierno que hablan de extinguir, limitar y restringir los derechos de aprovechamiento de agua ya entregados. Pese a que estas no han sido oficializadas por el Ejecutivo en un proyecto de ley, "su sola mención ya genera incertidumbre en el sector ante la posibilidad de que se afecte el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento del recurso, el cual ha sido pieza clave en el desarrollo de la agricultura", aseguró.
“El derecho de aprovechamiento del agua es una propiedad de los agricultores tan importante como la tierra, tanto así que es hoy la garantía que les permite acceder a financiamiento y desarrollar la actividad. Es un derecho consagrado por la Constitución que se entrega a perpetuidad. Esta seguridad jurídica ha permitido desarrollar una agricultura, sobre todo los últimos 40 años, capaz de alimentar a Chile y proyectarse como un líder mundial en exportaciones agrícolas”, explicó Crespo.
En ese sentido, agregó que "nos preocupa que ahora se pretendan cambiar las reglas del juego que han hecho posible este crecimiento y que se pueda ver afectado el derecho de propiedad sobre el aprovechamiento de las aguas que hemos gozado los chilenos desde la fundación de nuestro país. Esa es la inquietud que hoy le vinimos a transmitir al ministro".
El titular de la SNA señaló que si bien existen problemas de escasez de agua potable rural y de recursos para riego, estos pueden ser solucionados aplicando la ley vigente y perfeccionando la institucionalidad en materia de aguas.
“Chile tiene las instituciones y la normativa para ejercer una adecuada gestión del recurso hídrico. La Dirección de Obras Hidráulicas (DGA) tiene la responsabilidad de mantener los sistemas de agua potable rural profundizando los pozos si es que desciende el nivel de las napas subterráneas; el Estado puede intervenir los cauces con el fin de cubrir la demanda de agua para uso doméstico; y la DGA debe otorgar derechos de acuerdo a las capacidades de los acuíferos y fiscalizar su uso adecuado", indicó Crespo.
"El Estado debe hacer las inversiones en infraestructura hídrica y fortalecer las organizaciones de usuarios. El diagnóstico está claro y los agricultores estamos llanos a colaborar”, sentenció.