Senadores argentinos aprueban polémica modificación a la Ley de Abastecimiento

BUENOS AIRES.- El Senado argentino aprobó esta madrugada el nuevo paquete de medidas de defensa del consumidor, entre ellas la polémica modificación a la Ley de Abastecimiento, que pasarán ahora al Parlamento para su aprobación definitiva.

Durante una maratoniana sesión en la que la Cámara Alta también dio dictamen favorable al proyecto para el pago local de la deuda externa, el oficialismo impuso su mayoría para dar media sanción a la nueva Ley de Abastecimiento, pese al rechazo de la oposición y de los empresarios.

Junto a la propuesta de modificar la Ley de Abastecimiento, se aprobaron también las iniciativas del Gobierno de Cristina Fernández para crear un Observatorio de Precios y un nuevo fuero judicial para el área.

La modificación a la Ley de Abastecimiento y la creación del Observatorio recibieron 38 votos a favor y 27 en contra, mientras que la creación del nuevo fuero judicial recibió 53 votos a favor y 11 en contra, gracias al apoyo de la Unión Cívica Radical.

La nueva Ley de Abastecimiento busca regular las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo con el objetivo de evitar "abusos".

Ayer el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, criticó duramente la medida y aseguró que con la imposición de la mayoría oficialista "el Gobierno me hace acordar a la dictadura y la obediencia debida".

"Catalogar como dictadura a la mayoría en el Congreso que tiene el Frente para la Victoria (FPV) constituye un acusación temeraria e infundada, una falta de respeto a una institución de la democracia, a un partido político o a una alianza electoral", contestó hoy el jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich.

Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich afirmó que "en Argentina hay 257 diputados y 72 senadores, todos elegidos por la voluntad popular. Méndez no es elegido por la voluntad popular, sino por sus pares, y los grandes grupos económicos siempre ponen a empresarios de menor envergadura para que sean sus voceros".

Según el proyecto de la nueva Ley de Abastecimiento, el Ejecutivo podrá intervenir en los "estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles".

La medida busca "evitar abusos y proteger el bienestar general de la población, garantizándole sus necesidades básicas esenciales".

Quedan excluidas las pequeñas y medianas empresas por no tener una posición dominante en el mercado.

Ante situaciones de desabastecimiento o escasez, el Gobierno podrá imponer la producción de bienes aún a pérdida de la empresa correspondiente (que podrá pedir una compensación) y se sancionarán las subidas injustificadas de precios y acaparación de materias primas.