La Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, junto a su ministro de Economía, Axel Kicillof.
Reuters
BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino aseguró que "muchos" acreedores se han manifestado dispuestos a participar de un canje de deuda externa por doméstica que busca sortear una orden judicial en Estados Unidos que hundió al país sudamericano en su segundo default en poco más de una década.
Un juez distrital de Manhattan impidió a fines de julio completar el proceso de pago en el extranjero de los intereses de un bono Discount argentino, debido a que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández se niega a acatar un fallo que lo obliga a pagar cientos de millones de dólares a tenedores de deuda en cesación de pagos desde el 2002.
Para eludir la sentencia, Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para que el estatal Banco Nación reemplace a Bank of New York Mellon (BNY Mellon) como agente de pagos de los bonos argentinos reestructurados bajo jurisdicciones de otros países, que incluyen a Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón.
Esto implicaría pagar en Buenos Aires los servicios de bonos por un valor de alrededor de US$ 29.000 millones que hasta ahora el país había cancelado a través de Nueva York. La iniciativa también abre la posibilidad de honrar estos títulos vía Francia.
El proyecto, que será discutido la próxima semana por la Cámara de Diputados luego de haber sido aprobado el jueves en el Senado, ofrece además a los acreedores canjear sus títulos bajo leyes extranjeras por otros similares bajo la ley argentina.
"Respecto a la cuestión y la opinión de muchos bonistas, también han manifestado su voluntad públicamente de participar en el sistema de pago que propone la República Argentina en la ley de pago soberano", dijo a periodistas el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Capitanich no dio detalles sobre los acreedores que estarían dispuestos a participar del canje o a cobrar los cupones de los títulos argentinos en Buenos Aires o Francia.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, ha dicho que los bonistas podrían proponer lugares de pago alternativos con la condición que estén fuera de la influencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, quien emitió la orden contra Argentina.
La implementación del plan argentino enfrentará a varios obstáculos legales porque cualquier tercero que colabore con el país en el canje se arriesga a encontrarse en desacato en la corte en Estados Unidos.
Pero incluso, si los obstáculos legales y técnicos se despejan, algunos piensan que los fondos de cobertura e inversores en situación especial, quienes tienen una parte importante de la deuda reestructurada argentina, carecen de los incentivos financieros para aceptar la iniciativa.
