Marina Silva y Dilma Rousseff
AP
RÍO DE JANEIRO.- Las principales candidatas a la presidencia de Brasil, Dilma Rousseff y Marina Silva, quieren financiar sus campañas con dinero público para reducir su dependencia de donaciones empresariales multimillonarias y protegerse de acusaciones de corrupción.
La Presidenta es la favorita para la primera vuelta de las elecciones el 5 de octubre, pero los sondeos pronostican un empate técnico con su rival Marina Silva en un eventual balotaje el 26 de octubre.
Empresas constructoras como OAS y Andrade Gutierrez, se hallan entre los principales donantes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Estas donaciones dejan a las empresas y a sus favorecidos sujetos a acusaciones de compra de favores, y contribuyen a la pésima imagen que los brasileños tienen de sus políticos.
La recompensa potencial para donantes en la campaña es bastante grande: estudios estadounidenses recientes muestran que las ganancias de empresas constructoras son más de ocho veces superiores al dinero que donan.
En un reciente debate televisivo, Rousseff y Silva apoyaron la idea de campañas financiadas con dinero público, aunque las empresas representan 90% de sus donaciones.
Los críticos de Silva señalan que aunque ésta se presenta como la protagonista de una nueva forma de hacer política, goza del apoyo de la heredera del banco Itaú, Maria Alice Setubal.
Rousseff ha acusado a su rival de querer poner los intereses de Brasil en manos de los bancos, pero Silva recuerda que fue Rousseff quien recibió más dinero de Itaú en 2010.
La Corte Suprema impulsa una propuesta que tornaría inconstitucional las donaciones de empresas a campañas electorales.
Las credenciales verdes de Silva son una inquietud para el poderoso agronegocio, y eso podría afectar la financiación de su campaña.
"Si Marina no quiere entrar en el juego político podría estar en problemas", estimó Michener. "Dinero, posiciones, influencia... Es un juego sucio".
Los políticos de partidos más pequeños exigen cambios, y señalan que solo tres empresas han desembolsado el 39% de toda la financiación de la campaña.
El trío es encabezado por JBS, el mayor productor de carne del mundo, y las constructoras OAS y Andrade Gutierrez. esta firma donó 119 millones de reales a la campaña (US$ 50 millones), OAS 80 millones y la minera Vale 40 millones.
Es por ello que el tribunal electoral urgió a una "reforma urgente" de la financiación de las campañas en 2008.
Eduardo Jorge, del Partido Verde, dijo que es el único presidenciable que no acepta donaciones de empresas y pide "campañas más racionales que estén más cerca de la gente".
Jose Maria de Almeida, más conocido como "Zé Maria", candidato presidencial del pequeño Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), dijo que la financiación empresarial debilita la democracia.
"Es una campaña que tiene lugar bajo condiciones muy desiguales. El proceso electoral es muy antidemocrático. Es David contra Goliat", afirmó.
