HELSINKI.– Finlandia es un buen lugar donde vivir si uno trabaja en el sector público. Sin embargo, las leyes que protegen a los empleados municipales de la dura realidad de una economía inestable agravan la carga de deuda de un país cuya calificación crediticia fue rebajada hace sólo dos meses.
De hecho, en algunas ciudades, no se puede despedir al personal del sector público hasta fines de 2022. Entretanto, la deuda de los gobiernos municipales de Finlandia se ha triplicado a 16.300 millones de euros (unos US$ 20.000 millones) desde 2000 y crecerá otros 10.000 millones de euros para 2018, calcula el Ministerio de Economía.
"El gobierno y los municipios tienen el mismo problema: la base de ingresos colapsó mientras que los gastos siguieron creciendo", dijo telefónicamente Anssi Rantala, economista principal de Aktia Bank Oyj.
Conforme se jubila más gente de la que se suma a la población activa, la recesión de Finlandia no da señales de ceder. El Primer Ministro, Alexander Stubb, define los problemas del país como una "década perdida", por cuanto la manufactura no logra impulsar el crecimiento por tercer año consecutivo.
Las dificultades del país se ven agravadas por la crisis económica que se extiende por su vecino del este, lo que ha hecho caer las exportaciones a Rusia. En octubre, Standard Poor's rebajó la calificación de Finlandia de AAA a AA+ debido a que la deuda del país supera el límite de 60% del Producto Interno Bruto (PIB) que se permite dentro de la Unión Europea.
El PIB se desaceleró a 0,2% en el último trimestre, la mitad del ritmo de crecimiento de los tres meses que terminaron a fin de junio, en tanto se redujeron las exportaciones y las inversiones, informó hoy la oficina de estadística.
Ley municipal
El gobierno trata de lograr mayor competitividad en sus empleados, pero las leyes en vigencia obstruyen sus esfuerzos. Muchos empleados municipales gozan de cinco años de inmunidad en caso de que su ciudad se fusione con otra. Entre las 320 ciudades de Finlandia, las más pequeñas se pueden fusionar varias veces, dando a esos trabajadores cinco años de estabilidad en el empleo cada vez.
En la ciudad norteña de Kuopio, 5.578 trabajadores municipales -más los futuros recién llegados de localidades más pequeñas- pueden mantener su empleo hasta 2022, si se completan todas las fusiones planeadas. Los empleados tienen seguridad en el empleo desde 2006, cuando la ciudad absorbió a Vehmersalmi, un pueblo cercano de 2.000 habitantes.
"Esto facilita cierta rigidez mental", señaló Jarmo Pirhonen, vicealcalde de Kuopio, respecto de la cuarentena de eliminación de puestos de trabajo. "Aportaría una cuota de realismo que los despidos fueran una herramienta posible".
Kuopio ha podido hacer frente al menos a una parte de la carga alentando al personal a tomarse vacaciones adicionales sin goce de sueldo, mientras que su sector empresarial relativamente diversificado ha soportado las épocas difíciles mejor que las ciudades más concentradas en una actividad. Pese a ello, la ciudad calcula que su déficit de presupuesto aumentará a 22.000 millones de euros el año que viene.