Gobierno francés aprueba su polémico proyecto de ley sobre el crecimiento económico

PARÍS.- El Gobierno francés aprobó hoy un controvertido proyecto de ley para el crecimiento y la actividad con el que pretende impulsar la economía pero que ha suscitado el rechazo de amplios sectores, incluso dentro del propio Partido Socialista.

En una rueda de prensa para presentar la llamada "ley Macron" -por el nombre del ministro de Economía, Emmanuel Macron-, el Primer Ministro, Manuel Valls, consideró que el paquete de reformas pretende "dar los medios para desbloquear nuestro país".

"Todo el mundo debe aceptar que se cambie lo que no funciona bien, aquello que penaliza la actividad y por tanto el empleo, incluso si eso podría sacudir costumbres o intereses particulares", señaló Valls, rodeado por buena parte de su Ejecutivo.

Los tres ejes en torno al cual gira esa propuesta, que será sometida al debate parlamentario a partir del próximo 22 de enero, son la liberación de los obstáculos que impiden el desarrollo de ciertos sectores, la inversión en grandes proyectos y la creación de puestos de trabajo, según el Ejecutivo.

La nueva ley prevé facilitar el ejercicio de ciertas profesiones liberales, como notarios y abogados, corregir las tarifas, abrir la explotación de líneas de autocares a todo el territorio nacional, y ampliar el número de domingos laborables para el comercio.

Esta última medida -la apertura comercial hasta doce domingos al año en las principales zonas turísticas, frente a los cinco actuales- es la más polémica y ha movilizado en contra a diputados ajenos al habitual grupo de disidentes en el seno del Partido Socialista.

Una de sus detractoras es la ex candidata presidencial y actual alcaldesa de Lille, Martine Aubry, quien en un artículo de opinión en el diario "Le Monde", consideró hoy que ese punto no se trata solo de una "reforma subalterna", sino de un cuestionamiento de los principios de la izquierda.

La aprobación de este nuevo proyecto en la Asamblea se ve cuestionada ante la posibilidad de que los socialistas que se oponen voten por primera vez en contra, frente a la abstención por la que optaron hasta ahora los disidentes.

Pero según afirmó hoy Valls, que calificó el proyecto de "ley de progreso y libertad", se trata de un paquete de medidas que se inscribe "plenamente" en el programa de reformas del Ejecutivo y que demuestra que el país "es capaz de adaptarse sin renunciar a su modelo social".