La Presidenta Bachelet presentó en mayo pasado la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento
Álex Moreno, El Mercurio
SANTIAGO.- Este lunes 16 de marzo a eso de las 10:15 de la mañana, el Gobierno anunciará el proyecto de ley sobre perfeccionamiento del sistema de defensa de libre competencia donde uno de sus puntos más importantes es la reposición de las penas de cárcel para los casos de colusión, estableciendo entre cinco y diez años de prisión para este tipo de delitos.
Actualmente, esta normativa de libre competencia no contiene este tipo de sanciones para los casos más graves de colusión y fue en mayo pasado que la Presidenta Bachelet junto al ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y el titular de Hacienda, Alberto Arenas, presentaton la
Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento en donde la medida 39 hacía alusión a la defensa de libre competencia.
Sin embargo, hasta 2003 (y por más de 30 años) sí estuvo considerado, pese a que no se utilizó, indica
El Mercurio.Fue durante el gobierno de Ricardo Lagos cuando se eliminó la sanción a instancias de la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), pero se mantuvo el artículo 285 del Código Penal, bajo el cual se sanciona la alteración fraudulenta de precios.
Por ejemplo, los ejecutivos del
caso Farmacias, que ya fueron sancionados en instancias de libre competencia, enfrentan un juicio en sede penal bajo este artículo, que se ha usado dos veces en la historia y solo una para atentados contra la competencia.
Este tema fue ampliamente discutido en la Comisión Asesora Presidencial que fue creada por la administración de Sebastián Piñera en 2012. Sin embargo, los expertos no arribaron a una postura única. Esta fue una de las razones que llevaron al gobierno anterior a no legislar finalmente respecto de este tema, temática que sí abordará la Presidenta Michelle Bachelet.
A esta penalidad se agregaría la inhabilidad de aquellos ejecutivos que participen en un cartel para ejercer cargos públicos y directorios, entre otros puestos.
Otro de los aspectos centrales del proyecto que se presentará el lunes es la eliminación del tope máximo de 30 mil Unidades Tributarias Anuales (equivalentes US$ 24,2 millones) para los atentados contra la libre competencia.
La propuesta del Gobierno plantea que no haya límite, sino que la multa sea proporcional a un porcentaje de las ventas obtenidas por las empresas cuestionadas a raíz de la colusión.
"El objetivo es que a las empresas que se coluden no les salga barato hacerlo", afirma una alta fuentes de gobierno.
